La reforma judicial y la política energética que implementó la administración de Claudia Sheinbaum generó incertidumbre entre inversionistas del sector energético, por lo que una buena forma de dar certeza sería que México no ejerza como país sede en la solución de disputas de inversión, señaló Salvador Fonseca, presidente del comité consultivo del Centro Internacional para la Resolución de Disputas (ICDR, por sus siglas en inglés).
El país sede se refiere a la nación cuya legislación regirá el procedimiento arbitral de una disputa, independientemente de dónde se celebren físicamente las audiencias.
Salvador Fonseca consideró que México podría seguir siendo una buena sede de arbitraje, pero la incertidumbre es enemiga de los negocios.
“Ningún hombre de negocios va a ser diferente a la incertidumbre, es un riesgo que incide en muchas cosas, como un mayor precio de la inversión de un proyecto, y por ahora, existe la percepción que el poder judicial estará liado al Gobierno, lo que implica que los jueces estarían sujetos a la voluntad del Estado y no van a ser independientes”, apuntó.
Por lo tanto, una fórmula internacional para evitar esta influencia gubernamental en los jueces es optar por países sede como Suiza, Suecia, Bélgica o, incluso, Perú.
“No te vas a escapar de los jueces mexicanos, pero en algunas de estas sedes, se puede renunciar a la nulidad del laudo (recurso legal para anular o dejar sin efectos un laudo arbitral)”, apuntó el experto en arbitrajes.
Durante el evento “Jornadas de arbitraje” organizado por la firma Hogan Lovells, Almudena Otero, practicante independiente, señaló que una de las principales preocupaciones de los inversionistas en el sector energético mexicano es que los permisos no se otorguen a tiempo, ya que eso afecta la ruta crítica de cualquier proyecto.
Al respecto, Juan Arturo Dueñas, del consejo de Hogan Lovells, señaló que las disputas han evolucionado a lo largo de los años, ya que antes sucedían por disputas contractuales, entregas fuera de plazo o retrasos, pero hoy en día, la mayoría de ellas se llevan a cabo por cambios regulatorios, tensiones políticas, controversias constitucionales, e incluso, tensiones socioambientales.
“Actualmente, en México hay combinaciones ‘explosivas’ como incertidumbre regulatoria por la reforma constitucional de marzo, la reforma judicial y por presiones políticas”, apuntó.
Almudena Otero también resaltó la importancia de contar con la anuencia de las comunidades para emprender proyectos energéticos, ya que hay ejemplos de proyectos que se han tenido que cancelar por no consultar a las personas involucradas en el proyecto.
“Hemos visto como se mueren proyectos de una central hidroeléctrica y un gasoducto por no contemplar a las comunidades”, subrayó la especialista.
