Parece que no hay más que dos alternativas, según se advierte en la preocupante situación actual del país, y de acuerdo con lo que auguran las flamantes encuestas a las que todos los suspirantes se atienen, objetivas o cuchareadas, no lo sabemos a ciencia cierta todavía.
Pero los temas que concentran la atención y son el eje que habrá de marcar el derrotero de la contienda electoral son las posiciones asumidas respecto a la continuidad del régimen regenerador de la vida pública, con su segundo piso o la corrección del rumbo seguido hasta hoy.
El tema central de la discusión es el de la inseguridad que, debido a la obviedad, resulta obligado y prioritario en las agendas de campaña: continuar con la estrategia de los abrazos o aplicar la ley a quienes alteran flagrantemente la paz social.
No es solamente una cuestión de posición política para atraer las simpatías del electorado, sino un asunto elemental para el mantenimiento del Estado de derecho en los años por venir.
La violencia creciente durante las últimas administraciones, la alarmante estadística criminal con decenas de miles de muertes y la vinculación política que va demostrando la delincuencia en el arranque formal de las campañas electorales cobran relevancia primordial y serán un factor determinante en la orientación del voto.
Los posicionamientos de las dos coaliciones en la pugna hechos públicos durante los masivos eventos de inicio se perciben, sin mayor sorpresa, polarizados, entre el mantenimiento del statu quo, la continuidad del proceso transformador, con su reverberación doctrinal y la oposición al continuismo, si bien racional, aun sin una propuesta concreta aunque, eso sí, con una hemática expresión de cambio que resulta opuesto, casi por completo, a los 100 objetivos planteados por la contraparte que, en todo caso, son el anuncio paradójico y reciclado de un cambio que continúa lo ya conocido.
Más allá de los traspiés discursivos, no menos criticables, se evidencia una realidad innegable que muestra un país acosado por la violencia, la corrupción y la impunidad.
Entre los muchos problemas que nos aquejan en lo social, lo económico o lo político y sin duda debemos atender, no hay otro más relevante, angustioso y urgente, que el de la inseguridad
La creciente ola de violencia, la expansión territorial de los grupos criminales, el control que ejercen sobre las actividades productivas en diversas regiones y su cada vez mayor influencia en la vida social y política constituye una amenaza manifiesta a la rectoría del Estado que la sociedad reclama.
Las propuestas de campaña deben ofrecer en prioridad, con claridad y contundencia, el compromiso y los mecanismos para enfrentar y frenar el flagelo criminal que padece la nación y constituye la más sentida exigencia de sus habitantes.