Gerardo Herrera Huizar

El Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros ha anunciado haber sancionado a dos mexicanos y a nueve empresas vinculadas al CJNG por contrabando de combustibles.

Lo que queda claro es la relevancia que el caso mexicano mantiene en la agenda política norteamericana, no sólo por la ineludible vecindad que condiciona la compleja relación bilateral históricamente tensa, sino por la temporalidad, el lugar, el contenido y el tono con el que fue enviado el mensaje.

El festejo que desde Palacio Nacional se hizo de la ya muy famosa carta expresa el beneplácito y el agradecimiento por el apoyo manifiesto que desde Palenque se sigue brindando al movimiento y al gobierno.

Resulta muy natural pensar que uno de los ejes fundamentales de la reunión del secretario norteamericano con la presidenta de México y su Gabinete de Seguridad fue la reiteración de la petición formal sobre la detención provisional con fines de extradición de los conocidos funcionarios sinaloenses.

Las señales han sido muchas: insinuaciones, declaraciones, advertencias y, finalmente, la petición formal, recurriendo a los tratados firmados por ambas naciones de manera soberana.