En ediciones previas en este espacio se ha incluido el cuestionamiento sobre el papel que jugará el crimen organizado en el próximo proceso electoral, dada su creciente actividad violenta, su cada vez mayor control territorial en diversas partes de la geografía nacional y la evidente transformación estructural y operativa de los diversos grupos delincuenciales, que se asemejan cada día más a organizaciones paramilitares.
El reportaje de Tim Golden en ProPublica respecto de un supuesto financiamiento a la campaña presidencial del año 2006 por parte de algún grupo criminal, ha desatado un nuevo escándalo de elevadas proporciones que ha acaparado la atención pública durante las últimas semanas, y ha obligado al gobierno a dedicar amplios espacios para tratar de desmentir el contenido de la publicación señalándolo como calumnia.
Sin embargo, las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en México, señalando que el caso fue cerrado, dan cuenta de que la investigación por parte de agencias estadounidenses sí existió, aunque no se le haya dado continuidad, dando pie a otras investigaciones periodísticas que han insistido en los supuestos nexos que existen entre la política y la criminalidad, lo que de alguna manera explicaría el robustecimiento y la expansión de los grupos armados y los altos índices de violencia en el país.
La pugna por el control territorial entre organizaciones delictivas va subiendo de tono, produciendo enfrentamientos cada vez más cotidianos, con implementos bélicos de mayor potencia y capacidad destructiva; se paraliza la actividad económica; se obliga al desplazamiento de comunidades enteras y, en suma, se deteriora profundamente el intercambio social en todas sus vertientes, bajo las condiciones impuestas por la delincuencia.
La situación de inseguridad y violencia que parece imparable ha motivado la participación más abierta y pública de otros actores no estatales para tratar de contener los enfrentamientos, haciendo la labor de mediación entre grupos antagónicos, aun con pobres y parciales resultados, activismo que ha sido avalado desde la máxima tribuna del poder público.
Lo relevante del asunto es el tácito reconocimiento que hace un importantísimo sector de la sociedad —la Iglesia— del empoderamiento adquirido por las bandas de delincuentes y su control territorial, que les hace interlocutores determinantes para devolver la paz a las comunidades, tarea primigenia que solo debe corresponder al Estado y al que, de manera directa, se envía un claro mensaje.
El mantenimiento del control territorial, la expansión y diversificación de las actividades criminales requiere también de la neutralización o connivencia de determinados actores estatales que las faciliten, de tal forma que no es aventurado pronosticar que la elección más grande de la historia tendrá una participación determinante del crimen organizado para tratar de colocar sus peones en el tablero político.