Estados federales como el nuestro tienen distintas formas de organización política, administrativa y territorial que los que no lo son.
No obstante, la complejidad inherente a su estructura —por la distribución del poder, funciones y competencias entre diferentes órdenes de gobierno— genera desafíos asociados a la rendición de cuentas.
En sistemas federales, dichos órdenes de Gobierno participan en la gestión de recursos públicos a partir del ciclo presupuestario e instancias competentes.
Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única institución que tiene facultades constitucionales para auditar recursos públicos federales.
Por ello destaca la existencia de un órgano técnico de fiscalización y auditoría, capaz de garantizar que los recursos se utilicen con honradez, eficiencia, transparencia, economía y equidad.
En la Constitución de 1917 y sus reformas, la competencia compartida en la recaudación de impuestos —excepto por los impuestos y herramientas de recaudación que se indican específicamente para cada nivel de gobierno— no es suficiente para aumentar los ingresos propios.
Por ello, la dependencia de estados y municipios a los ingresos de origen federal es tan elevada que la ASF se ve obligada a revisar su gasto.
En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación, como ente con la competencia exclusiva para fiscalizar los recursos públicos de origen federal —subrayo recursos exclusivos—, emerge como un pilar indispensable para la vigilancia correcta del gasto público.
Por eso, como órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, con autonomía en su gestión, amplía su responsabilidad, por mandato de ley, al “sistema subnacional”, que incluye a los estados y municipios que manejan recursos federales.
Por ello, en la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2024, presentada el 23 de octubre ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, se reportó la fiscalización de más de 9 millones de millones de pesos.
Estos recursos fueron ejercidos por más de seis mil entes públicos de los tres órdenes de gobierno.
La entrega reciente incluyó 546 auditorías: 356 enfocadas en el ámbito subnacional (estados, municipios y organizaciones locales) y 190 a entidades federales directas.
También se hicieron más de 173 recomendaciones a partir de 79 auditorías de desempeño, lo que muestra la importancia de la fiscalización en un ente federal.
Los resultados y hallazgos presentados subrayan la relevancia de un órgano como la Auditoría Superior de la Federación para contar con un federalismo estable y funcional.
En primer lugar, asegura la utilidad de la fiscalización a partir de un enfoque preventivo. En la auditoría aplicamos estándares desde la auditoría integral hasta herramientas innovadoras como la Inteligencia Artificial, que agilizará el análisis de datos masivos.
En un país con 32 entidades federativas y más de 2,500 municipios, esta capacidad institucional garantiza mejores intervenciones gubernamentales a nivel local.
En segundo lugar, el órgano técnico fomenta la rendición de cuentas vertical y horizontal.
La presentación de los informes —disponibles en Informe.asf.gob.mx y la app ciudadana— es una oportunidad para socializar y agregar valor al trabajo de la Auditoría y su vinculación con la sociedad.
Una auditoría como la que hoy tenemos es un instrumento que revaloriza el sentido del pacto fiscal, que equilibra el federalismo, al vigilar que nadie quede exento del escrutinio, revisión, evaluación y fiscalización.
Hubo cinco entidades federativas que no registraron montos por aclarar en esta segunda entrega, un ejemplo de los beneficios de la visión preventiva con la que trabajamos.
