Los indicadores más recientes de la economía mexicana confirman un escenario de estancamiento. El INEGI informa que la inversión mostró en agosto una caída anual de 8.9%. Por su parte, en octubre, el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se situó en 48.6 puntos, y permanece, por octavo mes consecutivo, por debajo del umbral de los 50 puntos, lo que significa que predomina el pesimismo entre los empresarios respecto a la situación económica y las perspectivas de sus negocios. Todo ello ha impactado al crecimiento de la economía. El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) refleja una caída anual de 0.6% en septiembre, mientras que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa un crecimiento nulo.
México no enfrenta una crisis económica, sino una crisis de confianza institucional. La economía se mueve, exporta, produce y consume; sin embargo, el país no logra dar el salto cualitativo hacia un crecimiento sostenido porque el motor de la inversión está apagado. En el México de hoy, el principal determinante de la inversión ya no es la tasa de interés, sino la confianza en que las reglas del juego no cambiarán a mitad del partido. La caída de la inversión y el bajo crecimiento son, en buena medida, el reflejo de un Estado de derecho insuficiente: sin certidumbre jurídica no hay nearshoring que alcance. En consecuencia, el crecimiento económico no se materializa y persiste una dinámica limitada que compromete el desarrollo de mediano plazo. Sin un repunte sostenido de la inversión, México difícilmente podrá recuperar un camino de expansión robusta.
El desafío no es técnico, es institucional. No es financiero, es jurídico. No es de falta de potencial, sino de falta de certidumbre. La economía no crece sola: necesita reglas que generen confianza. El Estado de derecho es la política económica más importante que México aún no implementa.
Tomar la decisión de invertir por parte de un empresario, ya sea construir una planta, ampliar capacidad, desarrollar infraestructura o entrar a un nuevo mercado, no es un ejercicio exclusivamente financiero. La rentabilidad esperada es importante, pero la premisa fundamental detrás de cualquier proyecto de mediano y largo plazo es una sola: confianza en que las reglas del juego permanecerán estables. Esa confianza depende de varios pilares: 1. Claridad y estabilidad regulatoria; 2. Respeto a la propiedad privada y a los derechos adquiridos; 3. Cumplimiento de contratos sin reinterpretaciones discrecionales; 4. Un sistema judicial capaz, imparcial y predecible; 5. Instituciones que operen con independencia, transparencia y contrapesos efectivos.
Cuando estos elementos se debilitan o desaparecen, la inversión se vuelve más riesgosa, el costo de capital aumenta y los proyectos se posponen, se reducen o se reubican. La reforma al Poder Judicial fue un gravísimo error, que ahora estamos pagando todos. La gran paradoja del momento económico mexicano es evidente: tenemos oportunidades estructurales y una coyuntura internacional históricamente favorable, pero carecemos de condiciones institucionales para capitalizarla plenamente.
La evidencia reciente ofrece señales claras: Cambios regulatorios y administrativos que modifican condiciones previamente pactadas, cancelaciones o revisiones retroactivas de permisos, concesiones o decisiones judiciales. Cuando las reglas cambian de forma abrupta, la inversión se paraliza. Cuando los contrapesos institucionales se debilitan, la inversión se retrae.
La certidumbre no se promueve con discursos, sino con acciones. Las inversiones necesitan procesos regulatorios claros, sin discrecionalidad ni cambios inesperados. Tener certidumbre de cumplimiento de tratados internacionales y la protección al capital instalado para los próximos 10, 20 o 30 años. El inversionista internacional busca horizontes largos, no sexenales.
La inminente revisión del T-MEC en 2026 añade una capa adicional de incertidumbre. Si México no fortalece su marco institucional, el riesgo país se encarecerá y una parte de la inversión potencial se desviará hacia otros destinos, donde la fortaleza institucional es significativamente mayor. El Estado de Derecho es, en sí mismo, la política económica más poderosa de largo plazo.
En conclusión, la confianza es el motor del desarrollo. Si México quiere aprovechar el nearshoring, atraer capital productivo, maximizar la revisión del T-MEC y elevar su crecimiento potencial, debe reconstruir su marco institucional, fortalecer el Estado de derecho y ofrecer a inversionistas nacionales y extranjeros seguridad física y patrimonial y confianza en que las reglas no van a cambiar. Esas son las condiciones básicas para reactivar la inversión, dinamizar la productividad y romper la inercia de bajo crecimiento.
