La gobernadora electa de Chihuahua, Marú Campos, mandó hace unos días una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Ésta reforma representa un retroceso en la defensa de los DDHH de las mujeres y no debe ser aprobada. Decidí compartir mi preocupación por esta iniciativa y mis reflexiones al respecto. No podemos ni debemos permitir este atropello a cualquier aspiración de justicia en este estado.
La reforma en cuestión propone la modificación del nombre de la Fiscalía Especializada de las Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género (FEM), al añadir el concepto de “familia”, lo que a la consideración de especialistas en el tema desvirtúa el objeto por el cual fue creada dicha instancia. Además, la sola idea de trasladar a los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM) a la jurisdicción de este órgano es un retroceso en la labor de acompañamiento y no revictimización.
La tarea de la FEM no sólo se enmarca en el plano local. Por el contrario, representa el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México y, últimamente, de Chihuahua como estado miembro del Pacto Federal. Así pues, el origen de esta Fiscalía se enmarca en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La modificación del nombre que propone la hoy Gobernadora Electa pone en riesgo el propio objeto y fin por el cual fue creada esta instancia: especializar una fiscalía para hacer frente a las desapariciones, el feminicidio y la impunidad que perdura en Chihuahua en contra de las mujeres.
La gobernadora electa debe saber que la propia estructura actual de la Fiscalía atiende temas relacionados con delitos sexuales, feminicidio y otros ilícitos que lastimosamente aún forman parte de la realidad de las mujeres chihuahuenses, desde una perspectiva de género que permita dilucidar las causales de dichas atrocidades. Para Ciudad Juárez, los cambios que propone pueden ser especialmente perjudiciales. Durante 2021 se han reportado 150 homicidios de mujeres en todo el estado, de los cuales, 90 fueron en Ciudad Juárez y la Fiscalía Especializada en Investigar Violencia Contra la Mujer (FEM) solamente ha catalogado 14 casos como feminicidios
Esta diferenciación entre feminicidio y homicidio no sería posible sin la intervención de la FEM, por lo que es vital entender que la investigación y tipificación del feminicidio son elementos clave para la búsqueda de justicia. Además, es preciso señalar que el actual modelo se adoptó con base en las necesidades de las mujeres y en el respeto a sus decisiones. Ahora, la atención es más cercana y desde un paradigma de acompañamiento. Por otro lado, los CEJUM nacieron de un modelo de seguridad ciudadana integral. Éstos deben lograr la articulación de las redes de colaboración, atención integral a mujeres e hijos/as víctimas de violencia, sin revictimizar.
Señora gobernadora electa: Integrar los CEJUM a la FEM sería un gran error. Se deben fortalecer, no desaparecer.
Los centros de justicia a nivel nacional demandan un mayor fortalecimiento institucional, la atención integral aporta en gran medida a la prevención, atención y esclarecimiento de los delitos y las atrocidades de los que Chihuahua es víctima. Esto, es parte de una agenda de justicia transicional tan necesaria en nuestro estado. Desde las pretensiones de justicia, verdad, memoria, y garantías de no repetición, se debe reparar a las víctimas reconociendo su dignidad como ciudadanos y como seres humanos.
Atribuirle a la FEM las funciones de los CEJUM es un terrible error que pone en riesgo la implementación de un sistema de justicia transicional, puesto que la protección y garantía de la justicia para las mujeres en todo el estado se ve en riesgo cuando no se moviliza el aparato estatal en pro de la reparación de las atrocidades que se han cometido en el estado. Esto se hace más grave en una entidad como Chihuahua, azotado por la violencia a sus mujeres.
Además, esta reforma contraviene la tendencia pro derechos humanos en México pues a lo largo del país se han venido creado y fortaleciendo fiscalías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres, reconociendo que su erradicación es una obligación del Estado.
Por todo lo anterior, no debemos ni podemos permitir que se apruebe la propuesta de reforma. Desde el Senado de la República hago un atento llamado a la gobernadora electa Maru Campos Galván, reconociendo su decisión de no desaparecer la Secretaría de Cultura, escuchando a la sociedad civil y al pueblo chihuahuense. Le pido también reconsiderar su iniciativa sobre la FEM.
Es de sabias rectificar.
