Las empresas chinas que llegan a México, atraídas por las oportunidades del nearshoring, podrían enfrentar problemas fiscales si no atienden con rigor las complejidades legales y contables del país.
De acuerdo con especialistas de Grant Thornton México, errores aparentemente menores —como omitir un contrato en español o fallar en actualizar el domicilio fiscal— pueden derivar en sanciones graves, la pérdida del registro de importador o incluso consecuencias penales para el representante legal.
Uno de los errores más comunes que cometen las compañías extranjeras, explicó Yolanda Valencia, socia líder de Soluciones de Procesos de Negocio, es subestimar la importancia del representante legal y el domicilio fiscal.
“La firma electrónica del representante es la llave para operar en las plataformas de la autoridad fiscal y otras instancias federales”, advirtió Valencia en una conferencia organizada por la firma con socios y empresarios chinos.
De no contar con esta clave activa o de registrar un domicilio fiscal inadecuado, “se puede perder el padrón de importadores y eso genera grandes problemas para la operación. No es algo que se solucione en semanas; puede tomar meses”, detalló Valencia. Las autoridades mexicanas han endurecido la verificación del domicilio, exigiendo comprobantes de servicios a nombre de la empresa y pruebas de que hay personal laborando en el sitio declarado.
“Es fundamental una vigilancia constante de las operaciones para asegurar el cumplimiento. Si se pierde una declaración o se presenta incorrectamente, se puede suspender el padrón de importadores, y con eso se pone en riesgo toda la operación en México”, concluyó Valencia.
¿Qué otros riesgos enfrentan las empresas chinas?
Otro riesgo latente es el incumplimiento en la contabilidad electrónica, que en México es obligatoria y debe generarse bajo especificaciones técnicas específicas.
“No todos los sistemas ERP pueden emitir los reportes requeridos. Si no se cumple regularmente, una auditoría —que puede revisar los últimos cinco años— se convierte en una pesadilla con apenas diez días para responder”, alertó Valencia.
A ello se suma el reto lingüístico, que si bien puede parecer menor, puede retrasar gravemente la atención a requerimientos y costar caro si no se tiene previsto.
“Durante la auditoría, la información debe estar en español. Si no lo está, se deben hacer traducciones certificadas que son costosas y tardadas”, explicó.
Esteban Urióstegui, socio de Práctica de auditoría, destacó la importancia de decidir desde el inicio si se adoptarán las normas mexicanas de contabilidad (Mex GAAP) o las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). Esta última opción, compatible con los estándares de Hong Kong, puede facilitar el reporte corporativo y evitar conciliaciones innecesarias.
“Es una gran oportunidad para decidir: si la matriz ya usa IFRS, adoptarlas en México ayuda a evitar conciliaciones y explicaciones entre dos marcos contables diferentes”, explicó Urióstegui.
También subrayó que, aunque la auditoría de estados financieros no es obligatoria en México, es una buena práctica para obtener financiamiento o participar en licitaciones.
“El dictamen fiscal puede funcionar como un escudo: si el SAT quiere auditar a una empresa que cuenta con dictamen, primero va con la firma que lo emitió, lo que da tiempo para reunir información”, dijo.
