El presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero decidido a revertir décadas de política estadounidense y construir un muro arancelario alrededor de una economía estadounidense que solía estar bastante abierta a productos extranjeros.
En el proceso de hacer realidad esa idea, ha sacudido los mercados financieros y preocupado a los consumidores con una serie de gravámenes a las importaciones en constante cambio. El patrón es más o menos el siguiente: anuncia nuevos aranceles, luego los suspende y después propone otros nuevos.
La incertidumbre ha paralizado a las empresas, que no saben qué esperar. Y los economistas temen que esos impuestos provoquen un alza de los precios y perjudiquen el crecimiento económico.
Trump afirma que los aranceles protegerán la industria estadounidense, harán que las fábricas regresen a Estados Unidos y recaudarán dinero para el gobierno federal.
Pero un caso judicial esta semana ha planteado dudas sobre hasta dónde puede llegar en la aplicación de su poder para gravar las importaciones.
¿Puede Trump usar otras leyes para imponer aranceles?
Sí, y algunos de sus principales asesores, prometieron hacerlo rápidamente. Aun así, que el proceso sea legal llevará más tiempo y puede que no pueda restablecer todos los impuestos que había decretado anteriormente o que amenazó con imponer.
De hecho, el tribunal trazó una especie de hoja de ruta, señalando que si Trump quería imponer aranceles para reducir el déficit comercial estadounidense, debería acogerse a una ley distinta que fue pensada expresamente para ese propósito: la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Sin embargo, esa norma solo permite aranceles de hasta el 15 por ciento durante 150 días.
El argumento punto más amplio del fallo del tribunal es que, dado que el Congreso tiene el poder de imponer aranceles basándose en la Constitución, solo puede delegar ese poder al presidente bajo leyes específicas que el mandatario debe acatar.
Hay varias que Trump podría usar, incluida la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, pero eso requeriría una investigación de las prácticas comerciales de otro país para establecer que se violó un acuerdo comercial o se incurrió en prácticas comerciales desleales.
Otra posibilidad es la Sección 338 de la Ley de Comercio de 1930, que permite aranceles de hasta el 50 por ciento a países que han discriminado las importaciones estadounidenses y no exige ninguna investigación de una agencia gubernamental.
Y la Sección 201 de la Ley de Comercio de 1974 permite imponer aranceles de hasta el 50 por ciento, pero solo después de una pesquisa que establezca que las importaciones han perjudicado a una industria concreta de Estados Unidos. Ese texto se utilizó ya para imponer aranceles a algunos productos solares en 2018.
¿A dónde va el dinero recaudado por los aranceles?
Si los tribunales confirman el fallo del miércoles y los impuestos a las importaciones se anulan, el dinero será reembolsado a las empresas estadounidenses que lo pagaron.
De lo contrario, va al Tesoro de Estados Unidos, como ocurre con los que gravan las rentas personales y corporativas, para pagar los gastos gubernamentales.
La recaudación por aranceles han aumentado en los últimos meses e iba camino de rondar los 22 mil millones de dólares en mayo.
Eso supone un incremento desde los 6 mil millones de febrero, antes de que se impusieran la mayoría de los aranceles. Los economistas de Nomura Securities estiman que las tarifas anuladas por la corte han recaudado un total de entre 40 mil y 60 mil millones.
