Una propuesta republicana para gravar las remesas supondría un duro golpe económico para algunos de los vecinos más pobres de EU, incluido un aliado cercano del presidente Donald Trump.
El proyecto de ley, presentado hace algunas semanas en la Cámara de Representantes, aplicaría un impuesto del 5 por ciento a las remesas enviadas por no ciudadanos y extranjeros. Esta tasa se sumaría al cargo actual de entre 5 y 10 por ciento que ya cobran los servicios de transferencia como Western Union Co. y MoneyGram International Inc., utilizados por migrantes para enviar dinero a sus familias.
El impuesto afectaría directamente a pagos que representan cerca de una quinta parte del PIB de El Salvador, cuyo presidente, Nayib Bukele, ha reforzado su relación con la administración Trump al aceptar encarcelar deportados. Honduras, país que alberga una base militar estadounidense por la cual se realizan deportaciones a Venezuela, y Guatemala, también sufriría consecuencias.
“No es una buena noticia para quienes reciben remesas”, advirtió Carlos Acevedo, exdirector del Banco Central de El Salvador. “Algún efecto negativo tendría” en el crecimiento económico.
El año pasado, migrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras enviaron cifras récord en remesas, apoyando el crecimiento económico en Centroamérica. Los flujos se han acelerado desde la llegada de Trump al poder, ya que muchos intentan enviar dinero anticipándose a una posible deportación.
Las remesas se destinan, sobre todo, al consumo de hogares pobres con pocas fuentes alternativas de ingreso. México y Centroamérica son las regiones del mundo más dependientes de las transferencias desde EU.
“El efecto no es solo macroeconómico, sino también microeconómico, ya que afecta a las familias”, escribió el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, en respuesta a una solicitud de comentario. “La importancia de las remesas para la economía guatemalteca ha venido siendo cada vez mayor, no solo por el peso que tienen en el PIB, sino también porque el flujo en millones de dólares es significativo y tiende a fomentar, particularmente, el consumo de las familias”.
Añadió que los migrantes probablemente absorberán el nuevo impuesto, por lo que las entradas podrían mantenerse estables, aunque advirtió que algunos estados —especialmente aquellos con ciudades santuario— probablemente se opondrán.
No obstante, Manuel Orozco, experto en remesas del Inter-American Dialogue, estimó que el nuevo impuesto podría provocar una caída del 10 por ciento en el volumen total de remesas y en la cantidad de transacciones. “Es una estimación conservadora, en el mejor de los casos”, dijo. “Mucha gente podría pasarse a criptomonedas o pedir a familiares ciudadanos estadounidenses que envíen el dinero”.
El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, anunció una defensa legal y política para frenar el plan, mientras que el embajador Esteban Moctezuma Barragán, envió una carta a la Cámara de Representantes el 13 de mayo instando a rechazar el proyecto. La propuesta supondría una doble imposición a los trabajadores migrantes que ya pagan impuestos sobre la renta en EU. Recordó que los migrantes mexicanos pagaron 121 mil millones de dólares en impuestos en 2021.
“Imponer un impuesto a estas transferencias afectaría de manera desproporcionada a los más desfavorecidos”, escribió Barragán. “Son trabajadores que emigraron por necesidad y ahora contribuyen de forma sustancial a la economía de EU”.
Los gobiernos de El Salvador y Honduras no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.
También la Asociación de Transacciones Electrónicas —que agrupa a empresas de pagos digitales— se opuso a la propuesta. En una carta enviada el 8 de mayo, advirtió que el impuesto perjudicaría a poblaciones no bancarizadas y podría empujar a los usuarios a canales informales y no regulados.
“Estos servicios no son un lujo”, escribió la asociación. “Son herramientas esenciales para pagar facturas, mantener a familiares en el extranjero y manejar las finanzas diarias. Un impuesto penaliza a quienes menos pueden permitírselo”.
No es la primera vez que Trump impulsa una medida de este tipo. Durante su primer mandato, propuso un impuesto similar, pero no prosperó por obstáculos legales y técnicos para distinguir entre transferencias comerciales y personales, explicaron los analistas de Barclays Gabriel Casillas y Néstor Rodríguez en una nota del 14 de mayo.
Oklahoma es el único estado que aplica un impuesto comparable: 5 dólares para transferencias menores a 500 dólares y 1 por ciento para montos mayores. La norma generó 5.7 millones de dólares en su primer año y 13.2 millones de dólares en el último ejercicio fiscal.
Según los analistas de Barclays, si se aprueba, el nuevo impuesto podría causar una depreciación en monedas como el quetzal, el lempira o, incluso, el peso mexicano.
No obstante, advierten que “este impuesto sería un golpe puntual más que un cambio estructural”, dado que las remesas han demostrado resiliencia incluso durante la pandemia.
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