Establecer de manera coordinada los precios de venta de bienes y servicios y conspirar para no reducir precios están entre las conductas que serán castigadas.
En el caso mexicano, las sanciones pueden ir entre 5 y 10 años de prisión, multas e incluso inhabilitaciones para los individuos. En el caso de las empresas, las multas pueden ser de hasta el 10 por ciento de sus ingresos.
