CIUDAD DE MÉXICO. La Secretaría de Gobernación publicó las reformas a diversos artículos de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y del Código Penal Federal, con las que se duplican las penas por este ilícito.
El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entrará en vigor este miércoles, expone que se impondrán desde 40 hasta 140 años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa al que prive de la libertad a otro, incluido el secuestro exprés.
Representantes de organismos ciudadanos expresaron que por sí solas las sanciones más severas no son suficientes para combatir el secuestro, porque se trata de un problema en la procuración de justicia.
Para Juan Francisco Torres Landa, vocero de México Unido contra la Delincuencia, señaló que incrementar las penas, "es una declaración de valor político, no tiene un valor trascendental en materia de impartición de justicia".
"Elevar penas, me parece muy pobre por parte de los políticos, tratar de rescatar la confianza en materia de impartición de justicia, es una salida muy sencilla porque no implica nada, sólo modificar leyes y no atacar el problema de raíz, que es la impunidad", dijo.
La presidenta de la asociación Causa en Común, María Elena Morera, calificó como "una tontería" esta reforma, pues "subir penas no soluciona los problemas. Hay que bajar la impunidad".
El presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, indicó que no es suficiente, "en otras condiciones, en otra coyuntura, sería lo ideal".
Dijo que además de duplicar las penas, se requiere que se capacite adecuadamente a los Ministerios Públicos, que exista transparencia en la labor y "que el sistema penitenciario sea un sistema que funcione; pues así fuera un castigo de mil años no sirve".
Torres Landa aseveró que persiste una alta impunidad en la procuración de justicia. En este sentido señaló que sólo dos por ciento de los secuestradores llegan a recibir una sentencia.
"Dos por ciento de sanción efectiva, es inaceptable. Entonces que nos traten de vender esto; porque entonces "es una tomada de pelo y no nos vamos a ir con esa finta", advirtió.
Por su parte Rivas Rodríguez es necesario que la Comisión Nacional Antisecuestro, cuente con las condiciones que le permitan perseguir y combatir este delito.
María Elena Morera consideró que tendrá que pasar "un año, por lo menos", para evaluar la reforma.
El académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, José Luis Santiesteban Morales consideró que las reformas no tendrán un efecto en el corto plazo para inhibir el delito, pues aunque duplicar las penas "podrá tener un efecto preventivo al inhibir la comisión del delito, se requiere de acompañarlo de una campaña permanente de información" y que se extienda hacia las policías y fuerzas armadas.
El decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor a partir de este miércoles.
