CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, anunció que su partido solicitará la comparecencia ante la Comisión Permanente de Mario Alberto Di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y de Jaime González Aguadé, titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que expliquen "por qué no alertaron a tiempo a las miles de víctimas de Ficrea".
Alonso Raya exigió además a la Procuraduría General de la República (PGR) que "investigue a fondo y castigue a los socios y directivos principales de la Sociedad Financiera Popular, particularmente al socio mayoritario, Antonio Olvera Amezcua, presuntos responsables de triangulación y desvío de recursos hacia gastos personales, lavado de dinero y diversos delitos financieros y fraude".
El perredista recordó que en el marco de la reforma financiera "se dotó de mayores facultades a la Condusef, entre ellas la creación de un Buró de Entidades Financieras, relativo a los productos que ofrecen, sus comisiones y tasas, prácticas, sanciones administrativas y reclamaciones".
Precisó además que esta reforma otorgó mayores atribuciones a la CNBV para vigilar y supervisar a los bancos, proteger a los usuarios y al sistema financiero en su conjunto.
"Lamentablemente éste es el primer gran caso de fraude que involucra a un prestador de servicios financieros después de la reforma, ni una ni otra institución cumplió con su responsabilidad, en consecuencia una gran parte de los 6 mil 800 ahorradores corren el riesgo de no recuperar totalmente sus recursos o al menos pasará un largo tiempo para poder acceder a ellos", indicó.
Alonso Raya informó que su fracción busca proteger los intereses de los ahorradores, un grupo de los cuales les hizo llegar documentación en la que precisan el fraude de que fueron víctimas.
En la misma denuncian a la CNBV y a la Condusef, así como a la PGR y a la SHCP, "por haber incurrido en serias faltas de supervisión y seguimiento en la operación de Ficrea, por no actuar en tiempo y forma como lo establece la Ley de Protección a los Ahorradores de las Sofipos y por permitir y consentir que más ahorradores colocaran sus recursos en Ficrea en el periodo de marzo del 2014 al 7 de noviembre cuando las autoridades y en especial la CNBV tenían conocimiento de operaciones irregulares".
Dicen no entender "cómo y bajo que esquema hayan salido más 470 millones de pesos en el periodo del 1 al 6 de Noviembre de la caja de Ficrea y Leadman and Trade, cuando la CNBV y la PGR ya tenían a estas empresas bajo investigación".
Describen que aunque desde su creación se desarrolló dentro de un sector catalogado como de intermediarios menores, Ficrea era más grande que por lo menos 11 de los 45 bancos que operan en el sistema financiero.
"Por ello, la liquidación de esta entidad afecta la reputación de su sector, y la confianza del ahorrador mexicano", señalan.
En este sentido, Alonso Raya hizo suya las demandas de los ahorradores, quienes responsabilizan "a la CNBV y a la SHCP por su desdén, opacidad e incompetencia para supervisar a las Sofipos y en especial a Ficrea; y a la Condusef por no haber actuado en tiempo para alertar a los posibles ahorradores y por haber actuado en este proceso parcialmente y a favor de las autoridades Financieras (CNBV) y no como se lo demanda las leyes y que es la de proteger y defender los derechos de los ahorradores".
