La transparencia sin velo

Estamos cruzando un umbral relevante en materia de transparencia. A partir del 21 de agosto ese velo de desconfianza social que parece cubrir todo cuanto sucede en los organismos que manejan recursos públicos, ha comenzado a rasgarse y a mostrar una realidad más específica. Hablo de la verificación diagnóstica del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en 862 sujetos obligados del orden federal que realizó el INAI. En palabras llanas, el análisis que permite saber el grado en que las autoridades y organismos han hecho pública la información que la Ley demanda en materia de transparencia.

La revisión fue una responsabilidad tomada con máxima seriedad debido a sus implicaciones. A fin de cuentas, el resultado es un tablero objetivo de quiénes sí y quiénes no han cumplido con una exigencia social, que anula automáticamente toda demagogia. Es por eso que el trabajo realizado fue sistemático, ordenado y puntual. Implicó la elaboración de una memoria técnica de los 4 mil 367 criterios de evaluación; que la información publicada por cada sujeto obligado fuera revisada de forma integral, y que se establecieran valores claros de calificación. Todo para que incluso la evaluación sea replicable en otros años o por los órganos garantes locales.

Lo que resultó del proceso fue el Índice de cumplimiento de los portales de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. Esto es, un termómetro calibrado con el cual la sociedad puede comenzar a poner los puntos sobre las ies en el cumplimiento de la transparencia y así señalar y exigir a las autoridades una rendición de cuentas con datos ciertos, puntuales y claros. Esto es, a todas luces, una forma de empoderar a la ciudadanía.

Ahora bien, conviene examinar algunos resultados de interés. El promedio general obtenido por los sujetos obligados del ámbito federal fue de 62.74 puntos de 100 posibles. Pero cuando se granulan los resultados comienzan a aparecer datos interesantes. Por ejemplo, cuando se muestran divididos por grupos.
Entre autoridades laborales, sindicatos y universidades (148 sujetos obligados), hubo 24% que no cargó información alguna, asunto muy desafortunado. El mayor puntaje obtenido fue de 87.06 puntos y el menor, 1.75.

En el grupo correspondiente a organismos de la administración pública centralizada y tribunales administrativos (235 sujetos obligados), 26 organismos no cargaron información. Aquí, 20 evaluados obtuvieron entre 90 a 100 puntos; 57, entre 80 y 89.9; y 158, valores inferiores a 80. En un tercer bloque, donde se aglutinan organismos públicos autónomos, empresas paraestatales, entidades financieras, fondos y fideicomisos (207 sujetos obligados), sólo 7 no subieron información. 32 examinados obtuvieron entre 90 a 100 puntos; 63, entre 80 y 89.9; y 112, valores inferiores a 80. En un cuarto grupo se evaluó al poder legislativo y el judicial (17 sujetos obligados). El desempeño promedio fue de 81.58 puntos.

Por último, en el sector que reúne partidos políticos, organismos electorales y descentralizados (254 sujetos obligados), 42 organismos no habían cargado datos al momento de la revisión. Punto y aparte de eso, 30 sujetos obligados obtuvieron entre 90 a 100 puntos; 31, entre 80 y 89.9; y 194, valores inferiores a 80.

Es cierto que esta verificación diagnóstica tiene limitaciones. Su objetivo fue solo revisar que la información estuviera publicada de acuerdo con los parámetros que indican las leyes, y no calificar si lo presentado era verdadero —eso correspondería a otro tipo de ejercicio, con otra metodología—. Sin embargo, es un excelente punto de partida para la exigencia social. También es verdad que el ejercicio solo deriva en recomendaciones u observaciones. Es decir, es un ejercicio en el que, como Instituto, apelamos a la colaboración de los organismos e instituciones evaluados para atender las áreas de oportunidad detectadas. No obstante, a partir de 2018 habrá verificaciones con efectos vinculantes y las mexicanas y mexicanos esperamos mejores resultados. Por lo pronto, vale la pena entrar al sitio web del INAI, echar un ojo al índice —es público y está disponible para todos— y comentarlo. Es importante que las autoridades sepamos que la sociedad nos vigila.

*La autora es Comisionada del INAI

Twitter: @XimenaPuente

También te puede interesar:
Razones para avanzar hacia la Ley General de Archivos
Informar fortalece a las instituciones
Comité Coordinador del SNA, más que la suma de sus integrantes