“Si no tienen inconveniente, queda en esos términos: se desestima (la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica) al no alcanzar los ocho votos”, declaró ayer el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, en la sesión del pleno en que se ‘aclaró’ la votación del jueves 7 de abril.
“En resumen, señor presidente, ninguno de los artículos alcanzó la votación de ocho por la invalidez”, dijo el ministro Luis María Aguilar.
“Exactamente, así es”, asintió un apresurado Zaldívar.
Previamente, el presidente de la SCJN preguntó a los ministros Alfredo Gutiérrez y Juan Luis González Alcántara cómo computar sus votos, pues de eso dependía que se invalidaran diversos artículos de la ley o se desestimara la impugnación.
“Tenemos dos apartados con siete votos”, señaló Zaldívar al referirse al tema de competencia económica y libre concurrencia, así como al de medioambiente.
“En el primer apartado, usted (ministro Gutiérrez) votó por la validez y en este por la invalidez, y el ministro González Alcántara, contrario”, expuso el presidente de la SCJN.
“Sumamos los votos de ustedes dos por la invalidez o seguimos haciendo una votación diferenciada”, preguntó Zaldívar a los dos ministros.
“Yo me quedó con la violación del medioambiente”, definió Gutiérrez y, en seguida, González Alcántara aclaró que “mi voto es por la validez” de la norma.
Fin de la historia: después de una votación polémica y cuestionada, la decisión del pleno fue la desestimación de la impugnación.
Así se pronunció el presidente del máximo tribunal sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021.
Para declarar su inconstitucionalidad e invalidez con efectos generales se requería de la mayoría calificada: ocho votos de 11 ministros.
El voto minoritario de cuatro ministros, incluidos los de Loretta Ortiz –la ponente del caso– y Zaldívar, impidió que la reforma a esa ley secundaria en materia de electricidad fuera declarada inconstitucional.
Sobre el mismo caso, el presidente López Obrador festejó el lunes que “cuatro ministros de la Suprema Corte actuaron con patriotismo, no así otros, y declararon constitucional la Ley Eléctrica”.
A ellos AMLO los llamó patriotas y a los 223 diputados de oposición que votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica los acusó de cometer “un acto de traición a México”.
Ayer, el pleno de la SCJN concluyó el análisis del asunto al desechar la controversia constitucional interpuesta por el gobierno de Colima de la administración anterior en materia ambiental, que era la tercera y última impugnación en contra de la ley.
Un día antes, se sobreseyó la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que considera que la reforma afecta la competencia en el mercado eléctrico.
La Corte determinó que los artículos reformados a Ley de la Industria Eléctrica en 2021 no producen un principio de afectación o agravio en el ámbito de competencia del organismo antimonopolios, que “carece de interés legítimo” para promover una controversia.
En ese caso, la SCJN no analizó el marco constitucional aplicable a la industria eléctrica, como sí lo hizo en la acción de inconstitucionalidad promovida por los senadores de oposición.
Sólo determinó que la Cofece no puede interponer una controversia constitucional en contra de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.
La resolución sobre la sesión del pasado 7 de abril, que para la Corte constituye “cosa juzgada”, no tira las suspensiones otorgadas por jueces especializados en competencia económica ni los juicios de amparo promovidos por empresas y particulares, cuyo proceso sigue su curso.
Pero quedan en un camino de incertidumbre, pues no está claro aún si el criterio que seguirán los jueces de distrito y tribunales colegiados para dictar sentencia en los juicios de amparo es el de la minoría de cuatro ministros ‘patriotas’ o el de la mayoría de siete ministros que consideran inconstitucional la ley.