Hace algunos días, el Consejo General del INE aprobó una estrategia de 10 años para consolidar y expandir el voto electrónico, tanto en su versión de máquinas en las casillas como de sufragio vía internet. La idea general sobre la que se asienta el acuerdo es que la adopción de estos instrumentos facilitará el ejercicio del voto a la ciudadanía, y su administración a las autoridades correspondientes.
Ciertamente, la informática ha facilitado de manera generalizada la realización de diversas tareas públicas y privadas por ya varias décadas y, vista en abstracto, su uso en los procesos de votación promete tener efectos comparables en las elecciones. La promesa es falsa.
Las elecciones exigen condiciones particulares para que puedan ser realizadas con integridad, para que su resultado sea precisamente la suma de las preferencias de quienes participan en ellas. Esto es especialmente importante en un país que ha tenido que superar, a lo largo del tiempo, diversas formas de trampa que en el pasado sirvieron para adulterar sistemáticamente esos resultados y que, hoy en día, se mantienen contenidas gracias a complejos mecanismos de realización de las elecciones.
El desarrollo de nuestra democracia exigió cambios electorales de muy diverso tipo, que incluyeron garantizar que los funcionarios de casilla no pudieran ser operadores del gobierno; que las boletas no pudieran ser fabricadas al margen de la ley; que los partidos y la sociedad dispusieran de la posibilidad real de vigilar la organización electoral en cada uno de sus momentos; que los votantes no pudieran ser suplantados al momento de sufragar, y que a lo votado cualquier persona le pudiera dar seguimiento, desde el depósito de la boleta en la urna hasta la obtención de los resultados electorales finales.
La implementación de mecanismos informáticos para votar, junto con diversas comodidades para votantes y autoridades electorales, significaría, sin embargo, socavar esas garantías de certeza en los resultados de las elecciones.
El INE ha realizado desde hace años diversas pruebas sobre el voto electrónico. Estas han sido limitadas en cuanto a su extensión, pero sus resultados son ilustrativos. Las máquinas para votar, usadas en casillas especiales y en consulados, ciertamente han facilitado los cómputos y, usadas en elecciones poco conflictivas, no han ocasionado problemas mayores. Sin embargo, ya en mayo de 2023, una de estas pruebas, con algunas docenas de urnas en Coahuila, tuvo que ser cancelada días antes de la jornada electoral por fallos en su programación. El contratiempo fue superado sin grandes dificultades gracias a la pequeña extensión de la prueba. Otros procesos no han corrido con la misma suerte. En la República Dominicana, en 2022, la elección presidencial fue suspendida en la mañana misma de las votaciones por problemas técnicos comparables. Sobra decir que un evento de esta magnitud, en México, sería una auténtica catástrofe política.
Al margen de estos antecedentes, y suponiendo que pudieran existir urnas electrónicas infalibles –cosa desde luego imposible–, el problema central de estos aparatos prevalece: lo que ocurre dentro de ellas solo es conocido con precisión por un puñado de técnicos especializados; para el resto de los millones de electores participantes, lo que pasa dentro de la computadora una vez marcado su voto es totalmente imposible de saber y, por tanto, de verificar. Esta es la razón central por la que, por ejemplo, en Alemania, país muy rico y de muy avanzado desarrollo tecnológico, estos aparatos han sido proscritos por el tribunal constitucional.
En cuanto al voto por internet, su implementación exhibe riesgos mucho más concretos. Cuando cada quién puede votar en la privacidad, en cualquier sitio, es imposible para la autoridad electoral responder positivamente al menos a tres preguntas: 1, ¿el voto fue efectivamente emitido por quien se suponía que debía hacerlo?; 2, ¿quien votó lo hizo en secreto?, y 3, ¿se impidió que el elector estuviera siendo coaccionado de alguna forma al momento de sufragar?
La estrategia aprobada por el INE no pudo, porque es imposible, responder afirmativamente a estas preguntas. De implementarse de manera amplia, el tecnológicamente avanzado sistema de voto electrónico socavaría las bases fundamentales de las elecciones limpias. Sirva el descalabro del examen de admisión en línea de la UNAM para dimensionar la potencial magnitud del despropósito electoral.
