A lo largo del último medio siglo, el cambiante sistema electoral mexicano, en sus distintas etapas, ha actuado en muy diversas condiciones políticas y sociales, locales y nacionales, que han incluido zonas y momentos de distinto grado de conflictividad e inseguridad, incluyendo aquellas azotadas por el crimen, organizado y no. A lo largo de este trayecto, ha podido evitar que la delincuencia tenga un impacto significativo en las elecciones en general, de forma que el temor de que ésta pudiera marcarlas jamás se ha concretado.
Esto no significa que la acción violenta de forajidos de distinto tipo no haya alcanzado a rozarlas; sin embargo, su alcance no ha podido rebasar el ámbito casi exclusivamente municipal, en zonas muy reducidas del país. Es verdad que esto ha incluido actos brutales, incluyendo asesinatos, que son por sí mismos de enorme gravedad, absolutamente inaceptables y de extraordinaria relevancia para la sociedad y las autoridades electorales y de seguridad pública, que invariablemente han actuado para prevenirlas y evitarlas. Pese a su gravedad intrínseca, este tipo de hechos, reitero, nunca se ha extendido y desde luego jamás ha sido el tono de las elecciones, ni estatales ni federales. Estos límites, sin embargo, no se pueden dar por sentados, y cualquier nuevo diseño del sistema electoral debe tener como críticos los mecanismos funcionales que garanticen no sólo mantenerlos, sino reforzarlos.
Un elemento que es limitante fundamental del alcance de la delincuencia es la amplitud de los territorios electorales (evito el término técnico, circunscripciones, porque éste, en el lenguaje coloquial, se vincula con un solo tipo de comicios), que contrasta con las zonas, generalmente reducidas, en que los grupos violentos actúan. En lo concreto, y como regla casi absoluta, éstos jamás han podido rebasar con efectividad el ámbito de municipios pequeños.
Sustituir listas de representación proporcional (que deberían ser votadas en su propia boleta, y en las que cada electo requiere, para serlo, con cifras de 2024, alrededor de 300 mil votos), por asignar diputaciones a los mejores perdedores de cada partido, significa pasar de un sistema en el que ganar una diputación de mayoría relativa exige un número de votos en el orden de los 120 mil, para poder obtenerla con votaciones tan bajas como 10 mil o 15 mil sufragios en un distrito, estando muy lejos de tener la aceptación de la mayoría de los votantes de éste. Esta oferta, lograr unos pocos miles de votos en una zona reducidísima del país, sería una invitación abierta a los grupos delincuenciales no sólo a involucrarse en los procesos electorales, sino a acceder al Congreso de la Unión coaccionando minorías poblacionales. La relativa amplitud de los distritos electorales federales dejaría de ser un impedimento para la expansión política de la delincuencia organizada.
La modificación de los mecanismos de elección, a fin de favorecer tanto la exclusión de los grupos violentos, como la elevación de los niveles de consenso requeridos para erguirse como representante popular, sería mucho más adecuada si, además de hacer que los diputados de representación proporcional sean votados en listas propias, cerradas y bloqueadas, hiciera que las diputaciones a elegirse en cada estado fueran votadas en listas estatales. Estaríamos así ante un sistema electoral en el que para ser diputado federal sería necesario lograr altos consensos estatales en la elección de 300 curules votadas a nivel de cada entidad federativa; o amplios consensos en múltiples estados o a nivel nacional en la elección de 200 diputaciones a ser votadas en amplias circunscripciones plurinominales o a nivel nacional.
En este modelo, la representación local subestatal, es decir, la de pequeñas zonas, tendría su espacio natural en la conformación de las legislaturas estatales, que debería incluir distritos locales de mayoría relativa, y muy especialmente, a nivel municipal. Esto, desde luego, sin detrimento de mantener y fortalecer el actuar del Estado para establecer de manera total el imperio de la ley a todos los niveles, pero fortalecido por el bloqueo del acceso de la delincuencia a mayores niveles de acción política.
La democracia es un instrumento crucial para la paz, y el correcto diseño de un sistema electoral es un importante instrumento para potenciar esta capacidad.
