El 20 de mayo, justo a la hora en que está programada la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ximena Guzmán detuvo, sobre Viaducto Tlalpan, su vehículo para esperar a José Muñoz. Como precaución, puso las intermitentes; segundos después, su acompañante llegó. No pudieron seguir el trayecto planeado: cuando iban a tomar rumbo al Centro Histórico, fueron asesinados.
La doble ejecución, perpetrada por un hombre que usó silenciador en un arma sin registro criminal previo, sacudió a la opinión pública. En México, donde son asesinadas al día unas 60 personas, estas dos muertes son distintas, y al mismo tiempo, parecen tan iguales a otras.
Distintas, porque Ximena y José eran prácticamente familia para Clara Brugada. Ésta llegaba a presentar a aquella como su hija; lo que él dijera era asumido como la voz de la jefa de Gobierno. Por eso se habló desde el principio de crimen político.
A pesar de representar un tremendo balde de agua fría al optimismo oficialista sobre la buena marcha de la contención de la violencia, y de ser una ominosa señal sobre la temeridad criminal al desafiar a la gobernante capitalina, dos semanas después, móvil y autorías intelectual y material de esos asesinatos son un hoyo negro.
Mañana se cumplirán dos semanas de esos crímenes. Quizá en la conferencia de Palacio Nacional se informen avances del caso de Ximena y José. O quizá se le deje eso a la instancia correspondiente: a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El caso es que, dos semanas después, lo que se ha comunicado a la sociedad sobre esa ejecución, que es considerada un mensaje político, es bien, bien poco.
Lo anterior, a pesar de que gente tan encumbrada en el gobierno federal como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, exfiscal de la CDMX y amiga personal de José Muñoz, ha reconocido la conmoción de los asesinatos y se comprometió en público a esclarecerlos.
“Querido Pepe (…)”, publicó el lunes de hace 15 días Godoy en El Universal, “si supieras el revuelo que tu muerte y la de la querida Ximena, víctimas gratuitas de un crimen atroz, han causado, sé que nos dirías: ‘Mejor pónganse a trabajar y averigüen quién fue’. Y así será”.
Marcela Turati, en San Fernando: Última Parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas (Aguilar, 2023), indaga sobre las masacres de ese municipio tamaulipeco en 2011 (no confundir con los 72 migrantes ejecutados ahí en 2010). Al explicar sus motivos para volver a ese caso de hace tres lustros, señala que le inspiró una frase del argentino Héctor Schmucler: no basta con saber “qué les pasó, sino cómo fue posible”.
La periodista traza respuestas a esa segunda cuestión en crímenes que en la mayoría de los casos desembocan en un relato de impunidad. El horror de la muerte violenta es terriblemente aumentado por una capa burocrática que impide la justicia.
Una de las familiares que Turati entrevista le da una pista sobre la causa de la inacción de las distintas autoridades frente a los casos de desaparición u homicidio: “No hacen más porque saben que si buscan ellos mismos se encuentran”.
La debilidad estructural de las instancias de investigación, la enorme corrupción que las plaga y la omisión sexenal que hubo en contra del crimen organizado, quizá expliquen algo de la tardanza en la búsqueda de los autores de las muertes de Ximena y José.
Pero si transcurre más tiempo sin avances claros, entonces quizá tengamos que hablar de que, en este caso como en tantos otros homicidios en el país (de ahí que líneas arriba señalara que son similares a otros), tendremos otro “silenciador”, ese que apuesta a que estadísticas “a la baja” sean una especie de paliativo en la ausencia del relato fundamental para que haya justicia a cada víctima: por qué les pasó eso, y cómo fue posible que eso ocurriera.