El obradorismo nació en Tabasco, pero no se entiende sin la mecha que prendió en un Distrito Federal deseoso, tanto de emanciparse en el burdo tutelaje federal, como de ser ejemplo democrático nacional. El corazón de esos deseos fue sacudido ayer por balas asesinas.
Redacto estas líneas a la espera de que autoridades hagan su trabajo para investigar y detener a los culpables del homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz. Mientras llegan noticias al respecto, la gravedad de los hechos de este martes no puede ser exagerada.
La capital de la República vivió este 20 de mayo el atentado político más delicado desde septiembre de 1994, cuando fue asesinado el secretario general del PRI José Francisco Ruiz Massieu; sobra decir que la saga judicial que le siguió oscurecería aún más ese crimen.
Y, desde luego, no paso por alto el ataque al hoy secretario de Seguridad Omar García Harfuch, hace cinco años, del cual milagrosamente salvó la vida; sólo subrayo el carácter civil de las víctimas de ayer, funcionarios cercanísimos a la jefa de Gobierno mas no necesariamente involucrados en cuestiones de seguridad.
Estos homicidios, siendo tragedias inconmensurables para sus familias y amigos, podrían tener igualmente grandes repercusiones políticas.
Es un crimen que golpea a Clara Brugada, titular del gobierno de la capital y jefa de Ximena y José, pero también a toda la administración capitalina y, desde luego, al obradorismo en su conjunto, incluida la presidenta de la República Claudia Sheinbaum.
Clara es una de las cabezas del movimiento obradorista, con cuyo fundador caminó por décadas para crear un partido de cuya esencia no se puede extraer, sin devaluar, el componente de activismo urbano que Brugada, entre otros, aporta a Morena.
Quien se mete con Clara se mete con todo Morena. Y quien lo haga, como se intentó ayer, lanza un desafío de dimensiones nacionales: el obradorismo tiene frente a sí un crimen que se perpetró a pesar de que ni la presidenta ni la jefa de Gobierno lo pueden dejar impune.
La procuración de justicia es, desde luego, obligación del gobierno en todo delito. Siendo además colaboradores identificados con Brugada, su total esclarecimiento dará certeza a la ciudadanía de que la delincuencia podrá cometer actos bárbaros, pero no ganar la batalla.
Llevar pronto ante la justicia a los responsables de estas muertes atajará la eventualidad de más riesgos. Y es que encima la capital es para el gobierno federal el exitoso laboratorio de una fórmula que, con los ajustes lógicos, se quiere aplicar como remedio a nivel federal.
En ese sentido, importa desde luego saber quién tuvo la osadía que se tradujo en esas muertes en avenida Tlalpan, pero importa igualmente que en el marco de la ley el mensaje en sentido contrario sea incontrovertible: como prueba a los criminales de que los gobernantes no serán sujetos a chantaje o desafío en hechos como los de este martes.
Obligada a lo mismo está la policía capitalina, que ha de confirmar la eficiencia que se presume desde el sexenio pasado.
El obradorismo supo en el pasado de asesinatos y de tragedias. Terriblemente es parte de su historia desde ese momento fundacional que fue el cardenismo en los 80. Muchos enfrentaron a caciques y al viejo régimen para construir la actual democracia.
La resistencia que como oposición tuvieron es reconocida. Ahora desde el gobierno han de resolver un crimen que les golpea en el corazón. Han de hacerlo porque, claro, es su deber, pero también porque es lo mínimo que le deben a Ximena y José. Y con ellos a la ciudadanía.