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Este año que inicia es significativamente importante por los retos que el Estado mexicano afronta en materia económica, política y social. Hay un número amplio de temas que ocupan la agenda pública; desde la relación México-Estados Unidos, hasta los asuntos de seguridad pública y combate a la corrupción, tanto como autoridades y sociedad civil tiene especial atención.
No obstante hay otros asuntos, que si bien no ocupan las primeras planas en los diarios, tienen un fondo muy relevante que debemos analizar. El 2017 es el año del centenario de nuestra Constitución Política, es un año en el que cumplimos un siglo con la Carta Magna que nos ha dado la estructura como Estado mexicano y el régimen jurídico fundamental de nuestro país. Por ello cabe hacer una reflexión sobre esta festividad cívica y el derecho de acceso a la información.
El concepto constitucional original que vislumbraron los constituyentes de 1916-1917 ha sido superado tras innumerables reformas que el texto fundamental ha sufrido. Muchas de ellas, como la de 1933, cambió el modelo de gobernar al país por intereses de un grupo. Lo que Francisco Valdés Ugalde señala como la "regla ausente".
Sin embargo, el proceso de democratización de México ha hecho mella (tal vez no de la mejor manera y en forma sobrerregulada) de forma importante en nuestra ley fundamental.
De las reformas más recientes y emblemáticas se pueden mencionar la de derechos humanos, del combate a la corrupción y la de transparencia y acceso a la información a la cual me referiré.
Cuando por primera vez en 1977 se enunció en el artículo 6º constitucional que el Estado garantizará el derecho a la información, francamente no se supo bien a bien que se quiso decir. Ni Don Jesús Reyes Heroles, autor intelectual de esa reforma político-electoral, nos da luz del sentido de una adición tan desafortunada (incluso, gramaticalmente), que la interpretación constitucional del derecho a la información ha pasado por distintas y variadas cribas.
El derecho a la información llegó a ser prerrogativa exclusiva de los partidos políticos, obligación observable solamente por los medios de comunicación y hasta letra muerta por no tener ley reglamentaria que detallara los procedimientos para hacer exigible ese derecho a la información.
Tuvieron que pasar poco más de 25 años para tener una primera ley en el orden federal en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y escuetamente de protección de datos personales (y sólo en el ámbito del poder público). Precisamente, en 2002 se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que propició éxitos institucionales como la creación del entonces IFAI como autoridad para el Poder Ejecutivo y la Administración Pública Federal. Pero que también el modelo institucional reprodujo un mosaico interminable de regulaciones del acceso a la información en el seno de los llamados Otros Sujetos Obligados (esto es, aquellos poderes públicos federales distintos al Poder Ejecutivo).
Ley Federal de 2002 sin más raigambre constitucional que la frase mística injerta en el artículo 6º desde 1977.
Afortunadamente, materia tan compleja y que cambió el paradigma del servicio y de la agenda pública, exigió por derecho propio una mejora en la regulación constitucional. Y ello dio pie a la reforma constitucional de julio de 2007, una reforma de muy buenas intenciones, pero pocos efectos prácticos: el establecimiento de los principios y bases que toda ley de transparencia debe tener, con el problema sintomático de que esos principios y bases fueron interpretados en forma tan diversa que la ansiada homologación en el ejercicio del acceso a la información no fue realmente posible. Tal vez el único efecto positivo que puede adjudicársele a la reforma de 2007 fue la creación en la mayoría de las entidades federativas de organismos constitucionales autónomos garantes de la transparencia (no así, en el caso del IFAI que conservó el modelo original de 2002).
El parteaguas constitucional en materia de acceso a la información es la amplia reforma a diversos preceptos de la Ley Suprema que se dio en 2014 y propició una nueva regulación homogénea a través de una Ley General de Transparencia en 2015 y una nueva Ley Federal de Transparencia en 2016.
Celebremos pues, que con todo el tortuoso trayecto histórico y político de nuestra Constitución, hay instituciones que deben prevalecer y forman parte del nuevo rostro constitucional de un México democrático.
El autor es comisionado del INAI.
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