La reforma hecha al Poder Judicial no es la respuesta adecuada para mejorar el sistema de administración de justicia. Desde luego que profundizar en profesionalizar a este poder, y erradicar corrupción y nepotismo eran medidas necesarias. Pero de eso a acabar con un Poder de la República media una gran distancia.
Para empezar, la mayor corrupción se da en los ministerios públicos y en las policías de investigación, como todo mundo lo ha experimentado. Sin embargo; no se presentó reforma alguna para adecuar las fiscalías al combate a prácticas ilegales. Todo se centró en el Poder Judicial. Los jueces no investigan, determinan sus juicios conforme a la información que brindan las carpetas de investigación. No dudo que pueda haber corrupción en varios casos o que el abogado litigante le diga al cliente que requiere de recursos para defender su causa ante el juez.
Pero a nivel de juzgados federales, era menos común este tipo de prácticas y en los tribunales colegiados, la participación de varios juzgadores dejaba poco margen para resoluciones ilegales. Cierto es que las cárceles están llenas de personas presas sin sentencia judicial, que permanecen ahí quienes no tienen recursos para su defensa, que tampoco se tomó en cuenta la reforma de los reclusorios como parte del sistema de administración de justicia y que el autogobierno de los grupos delincuenciales prevalece en varios de estos centros.
Muchos consideran que AMLO se vengó de la SCJN por haber decretado la inconstitucionalidad de varias de sus reformas. Con un INE controlado y un TEPJF incompleto y corrompido, se crearon mayorías espurias que permitieron cambios constitucionales para dar paso a gobiernos autocráticos. Destruir el Poder Judicial y ponerlo al servicio de gobierno y del crimen organizado es algo que lamentaremos por años. La República ha desaparecido. Todo el poder se centraliza y el control se ejerce de forma despótica y cínica. Fernández Noroña es un buen ejemplo de este rostro.
No se soporta la crítica, no se reconoce la existencia de los “otros”, no hay diálogo ni civilidad política, ni acuerdos. Se acabó la política plural y democrática que empezamos a construir. Queda la confrontación, la descalificación como discurso y práctica.
La elección judicial está en marcha. Claudia Sheinbaum pudo haber parado la Reforma Judicial en varios momentos, pero no lo hizo, pese a que se pierde certeza jurídica y competitividad para atraer inversiones. Tampoco se dotó al INE de los recursos financieros para una elección inédita, y además se apresuraron los tiempos para su realización. No hay debates, pero si hay foros que cuestionan los procesos y son descalificados por Guadalupe Tadei, pero no con argumentos.
El INE decidió instalar solo la mitad de las casillas, aceptar las propuestas sin tener que revisar si los perfiles cumplían con los mínimos deseados. También decidió no inutilizar las boletas sobrantes, aprobó que no se contaran los votos en las casillas, sino en los distritos electorales, como no hay representantes de candidatos, ni de partidos, no hay posibilidades de realizar impugnaciones al proceso, ni seguridad que el voto se cuente bien, o de que resulten más votos que los emitidos. Los votos no tienen el mismo valor, unos contarán más que otros, porque se votará por entidad conforme a la estructura judicial. Se autorizó la participación de los servidores públicos en la promoción de la elección, tema prohibido constitucionalmente, no hay certeza en los resultados, y ya se publican nombres ganadores. Todo esto avalado por el TEPJF que sabe que viola principios y derechos.
¿Cuántos votarán? Lo decidirá el INE. Lo validará el TEPJF. Al no existir reglas mínimas para una elección democrática que consuma la desaparición de un Poder Judicial autónomo e independiente, muchos demócratas han decidido no acudir a las urnas a validar un proceso viciado que no cumple las reglas básicas de un sistema electoral. Expresan así su rechazo a una elección fraudulenta en su organización y operación. Lo grave es que en 2027 viviremos las consecuencias de esta elección porque el TEPJF elegirá magistrados afines al gobierno que poco harán frente a quejas o impugnaciones de los partidos en la elección para la Cámara de Diputados.
Hay quienes, también demócratas opositores, dicen que se debe votar. Que hay perfiles de candidatos que han salido del propio Poder Judicial con experiencia y honestidad, que no se puede dejar al gobierno toda la cancha porque se empoderará aún más. Que debemos impulsar las candidaturas propuestas como EB o PJ, e informarnos a quien seleccionar. No es sencillo el análisis, pero aseguran que es mejor contar con voces que desde el propio Poder Judicial denuncien las anomalías, a un sistema totalmente dominado por un gobierno autocrático. Los ejemplos de no votar en Nicaragua y Venezuela se ponen como ejemplo del fortalecimiento del autoritarismo y llaman a un voto crítico e informado. Es una posición respetable.
Lo que es inconcebible es que estemos ante del problema de votar o no votar en un sistema democrático. Esta discusión no tendría por qué darse si los procesos fueran transparentes y confiables. Es pues una desgracia enfrentarnos a una decisión que, de cualquier forma, empoderará al régimen autocrático que se conforma paulatinamente.
¿Qué pasará tras la elección? Eso es lo que vamos a vivir. Se inutilizará al TEPJF, entre otros aspectos. Por lo pronto, para evitar la crítica y poder moldear una opinión pública a favor del nuevo sistema hegemónico, se han presentado tres iniciativas que violentan el derecho humano a la privacidad, a la libertad de expresión, de prensa, de identidad, entre otros con la iniciativa de Ley de Telecomunicaciones, con la llave.MX de la Ley de Simplificación Administrativa y con las reformas a la ley de seguridad pública, que dotan al Estado de facultades para controlar los datos biométricos de las personas, sus celulares, sus redes digitales, para tener un mejor control sobre la población.
Los terribles asesinatos de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a Clara Brugada, nos regresan a la discusión del combate a la violencia, de la seguridad pública y de la administración de justicia. Mi pésame a sus familiares.
Hay quienes me dicen que soy muy pesimista ante el futuro. Es cierto. Me gustaría poder ayudar a mi país en su desarrollo económico y democrático, cuento con instrumentos para hacerlo, pero no soy escuchada para poder incidir. Solo puedo entonces alzar la voz y compartir con ustedes algunas realidades que encuentro duras para nuestra vida en común. Al final, ustedes deciden si votar o no votar.