En México, con más de 110 mil personas desaparecidas y un sistema de justicia fragmentado, el Estado tiene la obligación moral y legal de fortalecer todos los mecanismos que puedan ayudar en la localización, identificación y restitución de víctimas.
En este contexto, la aprobación de la CURP biométrica y su integración a la Plataforma Única de Identidad representa un paso necesario —aunque no exento de riesgos— hacia la modernización de las herramientas de identificación. México llega tarde a la actualización de este tipo de información, pero si el objetivo es salvar vidas y no vulnerarlas, será indispensable que esta herramienta se implemente bajo los más altos estándares de transparencia, protección de datos y control ciudadano.
El nuevo marco legal, aprobado por amplia mayoría en ambas cámaras, habilita la creación de una base nacional con huellas dactilares, fotografías, y eventualmente, escaneos de iris y firma electrónica para todos los mexicanos. Esta CURP biométrica será obligatoria, gratuita y tendrá un formato físico y digital. Vinculada con registros forenses, de salud, justicia, seguridad y hasta con bases de datos de empresas privadas como bancos, servicios de paquetería y telecomunicaciones, su alcance será inmenso. El objetivo es claro: localizar de forma inmediata a personas desaparecidas al detectar cualquier movimiento o registro en tiempo real, así como integrar bases de datos para facilitar el combate a la delincuencia.
Sin embargo, un instrumento con este poder debe construirse con mecanismos rigurosos de rendición de cuentas. No podemos permitir que la lucha contra el crimen justifique nuevos abusos. En un país donde la vigilancia ilegal, el espionaje y la criminalización del disenso han sido práctica común, es fundamental que el acceso a esta información esté estrictamente limitado a las fiscalías bajo estricta supervisión, la Comisión Nacional de Búsqueda y otras autoridades competentes únicamente con fines de localización e identificación de personas desaparecidas. Además la contratación de proveedores que ofrezcan la tecnología para que el Registro Civil recabe los datos biométricos debe ser pública y auditable para evitar negocios con conocidos, compadres o al margen de la ley.
México no está solo en el uso de identificaciones biométricas. Países con alta tecnología como Japón y Corea del Sur utilizan sistemas biométricos para gestionar seguridad social, salud y migración, pero bajo esquemas estrictos de control institucional y protección de datos. En Estados Unidos, aunque no existe una cédula nacional obligatoria, hay múltiples bases federales con datos biométricos —como las del FBI o el Departamento de Seguridad Nacional— sujetas a auditorías regulares. En China, por el contrario, los sistemas de vigilancia masiva, con reconocimiento facial en espacios públicos, han sido señalados por organismos internacionales como herramientas de control autoritario, especialmente contra minorías étnicas. México debe aprender de estos modelos. De Japón y Corea, la disciplina institucional y el respeto al usuario; de Estados Unidos, el sistema de contrapesos; de China, la advertencia.
Una CURP biométrica que carezca de transparencia puede abrir la puerta a un Estado más vigilante, más intrusivo, no más justo. De ahí la urgencia de establecer mecanismos independientes de supervisión, como auditorías ciudadanas, avisos de uso de la identidad, y sanciones claras por abuso.
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