Este 1 de junio, México se enfrenta a una elección sin precedentes: más de 2 mil 600 cargos judiciales, desde jueces de distrito hasta ministros de la Suprema Corte, serán elegidos por voto popular. Se trata de un ejercicio inédito no sólo en la historia de nuestro país, sino en todo el mundo, pues ninguna otra nación se ha atrevido a cambiar de manera tan radical y de un tirón todo el sistema judicial.
La reforma judicial de 2024, promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, busca democratizar el Poder Judicial. Sin embargo, la implementación de esta reforma ha generado una serie de preocupaciones y desafíos que ponen en entredicho su eficacia y legitimidad.
Desde su gestación, la reforma ha tenido un arco narrativo que bien podría ser el de una tragedia y ha ido desde la confusión, el desconocimiento, la ignorancia, la incertidumbre, la manipulación, la decepción hasta la alerta.
La confusión y el desconocimiento son latentes. A pocos días de la elección, la mayoría de los ciudadanos no tiene claro en qué consiste este proceso. Según una encuesta de El País, el 77% de los mexicanos no conoce a los candidatos, y el 72% considera necesarios los comicios, pero solo el 34% afirma que votará con certeza. La falta de información y la complejidad del proceso han generado un ambiente de confusión generalizada.
La ignorancia sobre las funciones de los cargos en disputa y la incertidumbre sobre el impacto de la elección son palpables. La reforma ha sido criticada por expertos y organismos internacionales. La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que la elección judicial podría abrir la puerta a la influencia de élites políticas, económicas o incluso del crimen organizado, si no se regula adecuadamente la conducta de las campañas y no existe la transparencia necesaria.
En cuanto a la manipulación y la decepción, los 60 días de la campaña electoral han estado marcados por restricciones significativas. Los 3 mil 396 candidatos y candidatas tienen prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas, y los partidos políticos no pueden realizar actos de proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. Estas limitaciones han llevado a una campaña atípica, con candidatos recurriendo a visitas casa por casa y al uso intensivo de redes sociales como TikTok, YouTube e Instagram para darse a conocer, la difusión de “acordeones” que ha hecho la CNTE en su plantón, entre otras trampas y chapuzas para manipular los votos, eso sin dejar de lado los llamados a la abstención, resultado del hartazgo y la decepción.
Además, el Instituto Nacional Electoral ha enfrentado desafíos financieros significativos. Solicitó 13 mil 205 millones de pesos para organizar la elección, pero la Cámara de Diputados aprobó solo 6 mil 329 millones, lo que ha obligado a reducir el número de casillas y ha generado preocupaciones sobre la accesibilidad del voto para muchos ciudadanos.
La baja participación es una de las principales preocupaciones. Expertos advierten que una participación inferior al 20% podría resultar en un Poder Judicial ilegítimo, dominado por un solo partido. La presidenta Sheinbaum ha instado repetidamente a la ciudadanía a votar, destacando la importancia de la participación para legitimar la reforma.
En este contexto, es crucial que los ciudadanos reflexionen sobre el impacto de su voto y la importancia de un Poder Judicial independiente y legítimo. La elección del 1 de junio no solo determinará quiénes ocuparán los cargos judiciales, sino que también definirá el rumbo de la justicia en México.
La participación informada y consciente es esencial para garantizar que la reforma judicial cumpla con su objetivo de fortalecer la democracia y el Estado de derecho en el país; sin embargo, la confusión prevalece, y muy seguramente terminará en decepción.
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