Por primera vez en la historia reciente, México se encamina hacia un proceso de elección popular de jueces y magistrados, una propuesta que ha dividido opiniones, despertado preocupaciones legítimas y generado un debate necesario sobre el futuro del Poder Judicial.
Aunque en un principio la idea puede parecer una forma de democratizar la justicia, en la práctica abre interrogantes profundas sobre la independencia judicial, la politización del sistema y la viabilidad operativa de una reforma de tal magnitud.
La propuesta impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador plantea que ministros de la Suprema Corte, magistrados de tribunales federales y jueces sean electos mediante voto ciudadano. La intención, según sus promotores, es acabar con el “elitismo” judicial y responder al clamor popular contra la corrupción y el distanciamiento de la judicatura respecto de las demandas sociales. No obstante, esta visión parte de un diagnóstico simplificado y omite considerar los efectos a largo plazo que una medida así podría tener sobre la autonomía y profesionalización del Poder Judicial.
Se trata de un ejercicio que ya desde ahora es histórico, principalmente por su capacidad transformadora, por su carácter inédito y sin precedentes. Sin embargo, estas características nos llevan al terreno de lo desconocido, por lo que no se puede medir el impacto ni advertir las profundas consecuencias que tendrá una transformación como esta al sistema de impartición de justicia en el país. En todo caso, solo podemos retomar algunos ejemplos.
Desde una perspectiva comparada, la elección directa de jueces ha sido objeto de amplio debate. En sistemas como el de Estados Unidos, donde algunos jueces estatales son electos, abundan los estudios que advierten sobre la erosión de la independencia judicial, la politización de los fallos y el impacto de intereses económicos en campañas electorales. México, sin embargo, carece de los contrapesos institucionales que podrían mitigar esos riesgos.
Uno de los principales desafíos es precisamente la independencia judicial, principio consagrado en el artículo 17 constitucional y pilar fundamental de cualquier Estado de derecho. La función de un juez no es complacer al electorado, sino garantizar la aplicación imparcial del derecho, incluso cuando ello contradiga a las mayorías. Si los jueces dependen de votos para acceder o permanecer en el cargo, ¿cómo resistirán presiones mediáticas, partidistas o incluso del crimen organizado en regiones vulnerables? ¿Cómo se blindará el proceso contra campañas millonarias financiadas con fines oscuros? La posibilidad de que los juzgadores dependan del respaldo electoral, y por ende del humor político o mediático, puede comprometer seriamente su imparcialidad.
Otro problema es el diseño institucional. México carece actualmente de los mecanismos y marcos normativos necesarios para llevar a cabo un proceso electoral de esta naturaleza de forma transparente y equitativa. ¿Cómo se garantizará que los candidatos cuenten con la preparación jurídica necesaria? ¿Qué papel jugarán los partidos políticos en las postulaciones? ¿Cómo se evitará que este ejercicio se convierta en un concurso de popularidad o una plataforma de revancha política?
Además, la elección directa puede debilitar los incentivos para la capacitación y la carrera judicial. Hoy en día, el ingreso al Poder Judicial requiere pasar por concursos de oposición, evaluaciones y formación continua. Abandonar ese modelo sin construir uno igual o más exigente no solo compromete la calidad de la justicia, sino que es un salto a la improvisación.
Por supuesto, esto no significa que el Poder Judicial no necesite cambios. La rendición de cuentas, la paridad de género, la transparencia en nombramientos y la conexión con la ciudadanía son deudas reales. Pero la solución no puede ser desmontar el sistema sin garantizar uno mejor. Reformar no es destruir, y democratizar no implica convertir todo en voto.
En tiempos en que las instituciones democráticas enfrentan presiones globales, México debe reflexionar cuidadosamente sobre las implicaciones de este experimento inédito. La justicia no se grita en las urnas, sino que se construye con legalidad, autonomía y visión de Estado.
SOTTO VOCE
Según la guía difundida por el gobierno para las próximas elecciones en el Poder Judicial, ejercer el derecho al voto y elegir a jueces y magistrados tomará de 10 a 20 minutos. Y eso si es que el voto es razonado, pero en realidad la ciudadanía carece de información sobre los candidatos y aun antes del proceso ya nos estamos llevando desagradables sorpresas sobre el origen o alianzas de estos. Ya no mencionemos las seis papeletas de colores que sólo añaden más confusión…
Guerrero está listo para la temporada de lluvias y ciclones de este 2025. Desde esta semana, la gobernadora Evelyn Salgado declaró en sesión permanente al Consejo Estatal de Protección Civil para fortalecer acciones de prevención y respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos, con el objetivo de resguardar y proteger la vida y el patrimonio de las y los guerrerenses.
