¿Usted qué haría con 5 mil millones de pesos? Es difícil dimensionar una cifra tan elevada. Para ponerla en perspectiva, es suficiente para comprar dos aviones presidenciales, construir un par de estadios de futbol o pagar la nómina de una Secretaría de Estado mediana durante todo un año.
La enorme mayoría de los mortales nunca tendremos la ardua tarea de gastar esa cantidad de dinero, pero de acuerdo con una sentencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, la transnacional Google LLC debe pagar ese monto a una persona física para resarcir el desprestigio que le ocasionó.
La historia, en breve, es la siguiente: un prominente abogado mexicano solicitó a Google que retirara un sitio de su plataforma “Blogger”, que contenía insultos y acusaciones en su contra.
La tecnológica no actuó, ante lo cual el abogado demandó por daño moral y obtuvo una sentencia por parte del Poder Judicial de la Ciudad de México que, al día de hoy, asciende a más de 5 mil millones de pesos. Cada mes deben sumarse aproximadamente 700 mil pesos hasta que se cumpla la sentencia.
El expediente lleva más de dos años esperando ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se trata del amparo directo 8/2023, bajo la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar, y se perfila para ser un caso emblemático en materia de libertad de expresión y daño moral.
Al resolver este asunto, la Corte definirá los límites de la responsabilidad de las plataformas de Internet derivada del contenido que publican sus usuarios.
Independientemente del fondo del litigio, que es muy interesante, lo primero que me llamó la atención cuando leí algunas notas que se han publicado al respecto fue el exorbitante monto de la condena en comparación con otros precedentes de daño moral.
Para entender la magnitud de la discrepancia, recordemos el trágico caso del “Mayan Palace”, donde un joven murió electrocutado en un lago artificial debido a una negligencia en el mantenimiento. Aquel asunto, que Arturo Zaldívar enarboló para introducir la figura de los daños punitivos en México, determinó una condena total de poco más de 30 millones de pesos.
En otro caso más reciente conocido con el desafortunado mote de “Albergue Varicela”, una menor falleció por negligencia institucional. Allí, la SCJN condenó al pago de 20 millones.
Me cuesta mucho trabajo entender la lógica cuantitativa que siguió el Poder Judicial de la Ciudad de México en el caso de Google, pues se condenó a una cifra que es más de 160 veces mayor que en el caso del joven electrocutado por negligencia hotelera, y 250 veces más que en el asunto donde una niña falleció por mala praxis en un albergue.
Si comparamos con casos similares en el extranjero, el contraste es aún mayor. Google ha perdido juicios por difamación en otros países, pero no de esta forma. En Australia, el caso Barilaro v Google LLC [2022] FCA 650, que involucró una campaña difamatoria en YouTube contra un político de alto nivel, terminó con una condena por 715 mil dólares australianos (aproximadamente 9.5 millones de pesos).
En Canadá, en el caso A.B. c. Google, 2023 QCCS 1167, la Corte Superior de Quebec condenó a la empresa a pagar 500 mil dólares canadienses (aproximadamente 7.5 millones de pesos) por no desindexar enlaces que difamaban a un individuo.
Convirtiendo las cifras a pesos mexicanos, la condena mexicana es más de 500 veces mayor que la australiana y casi 670 veces superior a la canadiense. Esta disparidad no puede explicarse por diferencias en el poder adquisitivo o en la gravedad de los casos.
La condena contra Google ilustra uno de los mayores problemas de nuestro sistema de justicia: la falta de predecibilidad. Un requisito indispensable de cualquier orden jurídico es que los ciudadanos sepan a qué atenerse.
Las decisiones judiciales, buenas o malas, deben gozar de un mínimo de consistencia; de lo contrario, el juicio se convierte en una lotería donde el monto de la condena depende del humor del juzgador en turno o de la capacidad de cabildeo de las partes.
Cuando un precedente se separa de forma tan disparatada de los anteriores, saltando de los 30 millones a los 5 mil millones, se destruye la seguridad jurídica. Se envía el mensaje de que en México litigar es ir al casino; puedes salir con las manos vacías o con el presupuesto de una Secretaría.
La “Nueva Suprema Corte”, bajo la presidencia del ministro Aguilar, tiene en el amparo 8/2023 una prueba de fuego. El reto será generar un precedente que envíe un mensaje de confianza, donde se analicen de manera sólida los límites de la responsabilidad de las grandes plataformas de Internet y se definan los parámetros de cuantificación que todos los tribunales inferiores deben observar en casos de daño moral.