Conocí a David Cohen en junio del año pasado. Fuimos contrapartes en un asunto donde cada uno defendía a su cliente con singular intensidad.
Nuestro trato siempre fue cordial y respetuoso. David era un abogado bien conocido en el gremio y prácticamente éramos de la misma edad. Hoy está muerto, QEPD.
No murió por iniciativa del muchacho que jaló el gatillo; hubo alguien más poderoso que planeó esta barbarie con la certeza de que saldría impune.
El ataque ocurrió el lunes 13 de octubre de 2025, en la escalinata del edificio José María Morelos y Pavón, del Poder Judicial de la Ciudad de México.
La policía detuvo a los autores materiales, un par de jóvenes menores de 21 años que fueron utilizados como carne de cañón.
Las primeras versiones señalan que les ofrecieron 30 mil pesos. Es el drama de todos los días, la pobreza material y de espíritu que se traga a una generación llamada a construir el futuro.
Quien ordenó este asesinato envió un mensaje brutal, no solo por la hora y el lugar, sino por el atrevimiento de hacerlo en el corazón de la Ciudad Judicial.
Distintos medios consignaron que minutos antes David había estado en la oficina de Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino; es decir, el crimen se cometió en la puerta del órgano de impartición de justicia.
No es un caso aislado. Al menos 168 abogados han sido asesinados en México desde 2020, con 2024 como el año más letal de ese periodo en los estados con mayor incidencia; solo en los primeros siete meses de 2025 la prensa documentó 33 homicidios de integrantes del gremio.
La violencia contra quienes defendemos en tribunales ya es un fenómeno y la autoridad la observa de lejos, pero no la registra.
Cuando la bala manda, la impunidad es el combustible. Human Rights Watch documentó en febrero que nueve de cada diez homicidios no reciben castigo en México y que las investigaciones adolecen de fallas sistemáticas que arruinan la posibilidad de justicia. Dicho en otras palabras, los homicidas saben que tienen un 90% de posibilidades de quedar impunes.
En 1909, el afamado periodista estadounidense John Kenneth Turner escribió una serie de artículos titulados “México Bárbaro” para exhibir ante el mundo que “México es un país con una Constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras; pero donde ni la Constitución ni las leyes se cumplen… es una tierra donde la gente es pobre porque no tiene derechos”.
Un siglo después, los actores han cambiado, pero las conclusiones de J. K. Turner siguen vigentes: las leyes y las instituciones existen en apariencia, pero en la práctica los mexicanos no gozamos de seguridad y mucho menos justicia.
David fue abatido a la puerta de los juzgados. Un letrado que sale del tribunal y cae bajo el fuego es una alegoría del país en el que habitamos.
La argumentación sucumbe ante la pistola, y las leyes cada vez son más débiles para quienes buscan su amparo. México sigue siendo bárbaro.
POST SCRIPTUM: La celeridad con la que se aprobaron y publicaron las reformas a la Ley de Amparo no es propia de un régimen democrático, pero ya se está haciendo costumbre.
El 16 de octubre se promulgó en el DOF el decreto que reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del TFJA, con entrada en vigor al día siguiente.
La narrativa oficial habla de “modernización”, pero en los hechos la prioridad es recaudar; la reforma fue presentada como herramienta para desatorar el cobro de grandes créditos fiscales.