En la historia, los poderosos siempre han luchado por el control de los recursos. Primero se codició el oro y después el petróleo; en este nuevo siglo se disputará la Inteligencia Artificial (IA). Controlar quién accede, en qué condiciones y a qué precio, es la llave para dominar el ritmo del desarrollo económico.
La brecha ya es visible. Allí donde individuos y empresas integran IA en su rutina, la productividad despega en relación con quienes no lo hacen. En un estudio elaborado en 2023 (A Portrait of AI adopters across countries), la OCDE documentó ganancias superiores en empresas que integran herramientas de IA y mayor crecimiento de productividad en quienes adoptan primero.
Desarrollar una IA no es fácil y mucho menos barato. La primera barrera natural es la infraestructura. Elon Musk ha presumido compras de cientos de miles de GPUs y planes de escalar a cifras todavía más desorbitadas, para dotar de poder computacional a xAI/Grok. En paralelo, OpenAI, SoftBank y Oracle trabajan en el megaproyecto Stargate, un centro de datos apoyado por la administración de Donald Trump, con un plan de inversión que alcanza los 500 mil millones de dólares.
Pero a esa muralla de silicio se le está sumando otra, los derechos de autor sobre los datos de entrenamiento. Muchos autores se han quejado de que las IAs han sido entrenadas con sus obras sin remunerarlos. Si bien en los tratados internacionales no se prevé un derecho expreso a ser compensado por alguien que usa una obra (literaria, musical, etcétera) para entrenamiento, está claro que la IA tiene capacidades nunca imaginadas para entender estilos y así generar obras “nuevas” que imitan a los autores originales.
Recientemente, Anthropic anunció que pagará mil 500 millones de dólares para resolver reclamaciones por uso de libros en entrenamiento, un arreglo que se convertirá en referente para la industria. Al mismo tiempo, la comunidad internacional de propiedad intelectual empuja la armonización. En la reunión anual de la AIPPI (Congreso de Yokohama 2025), la abrumadora mayoría de países sostuvo que el uso de obras para entrenar IA debe requerir autorización del titular y se llamó a remunerar esos usos.
Si esta tendencia continúa, desarrollar modelos de IA dejará de ser un deporte de “startups” y quedará en manos de quienes pueden pagar dos peajes simultáneos: (1) la infraestructura masiva y (2) las licencias o acuerdos de datos a gran escala. Es una combinación que reduce drásticamente el número de jugadores viables. Google, OpenAI, xAI, Anthropic y Meta cuentan con capital y acceso a chips; si además consolidan portafolios de licencias, acapararán las llaves de este nuevo recurso. Los demás, incluidos gobiernos sin músculo fiscal, quedarán dependientes.
Frente a esto, México y cualquier jugador que aspire a no ser solo consumidor, tiene decisiones urgentes. Por un lado, debemos crear una estrategia para garantizar nuestro acceso a la tecnología esencial (centros de datos, electricidad y chips) y, por otro, habrá que definir nuestra política respecto al uso de obras protegidas para entrenar a la IA. Si el gobierno no toma decisiones audaces en este sector, la brecha productiva podría ampliarse; el oro y el petróleo del siglo XXI volverán a quedarse lejos de casa.
POST SCRIPTUM. Enhorabuena a Mauricio Jalife, columnista de este diario, por haber sido elegido próximo presidente de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual (AMPPI). Su experiencia y liderazgo serán muy útiles en las horas complejas que se avecinan con la revisión del T-MEC, donde la propiedad intelectual será eje del debate.