Experto en propiedad intelectual

La Corte del ‘rating’

Hugo Aguilar Ortiz y varias ministras han anunciado una Corte ‘de puertas abiertas’. Trabajan en un modelo de audiencias públicas con participación de ciudadanía, comunidades, peritos y organizaciones.

Durante la decadencia del Imperio Romano, el poeta satírico Juvenal lamentaba que el pueblo había abandonado sus preocupaciones y se conformaba con recibir solo dos cosas: “pan y circo”. Bastante razón tenía el poeta: una vez atendidas las necesidades primordiales, a la gente le gusta disfrutar de espectáculo, escuchar ocurrencias, promesas y sueños de grandes proyectos. Esto lo han entendido bien los gobernantes de la Cuarta Transformación. Basta observar cómo el Ejecutivo marca la agenda desde la “Mañanera” y el Congreso atrae los reflectores con pleitos y declaraciones. En contraste, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solía ofrecer poco espectáculo: sesiones públicas, sí, pero opacadas por tecnicismos y burocracia.

Esa etapa ha concluido. La nueva Corte, presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, comparte el ADN electorero del resto de los poderes públicos. Sus integrantes han asimilado la gran doctrina de López Obrador: en México, la popularidad, por encima de los resultados concretos, es la clave para quien busca acrecentar el poder. Por ello, el enfoque de esta era no recaerá en la técnica jurídica, sino en la “cercanía con el pueblo”.

Aguilar y varias ministras han anunciado una Corte “de puertas abiertas”. Trabajan en un modelo de audiencias públicas con participación de ciudadanía, comunidades, peritos y organizaciones. Las sesiones se transmitirán en vivo y se ha adelantado que el público será invitado a presenciar actos solemnes y deliberaciones relevantes. El pueblo será testigo de honor el 1 de septiembre cuando se instale la nueva Corte. Es la promesa de un tribunal más mediático, con enjuiciamientos en vivo que detonen el “rating”.

Esta nueva vocación contrasta con la cultura tradicional de la Corte, que priorizaba el protocolo y el tecnicismo por encima de la claridad; una discreción que rozaba la opacidad; y una renuencia a las polémicas en vivo, reservando las deliberaciones más ásperas para sesiones privadas. Algo que siempre me pareció nefasto en las sesiones del Máximo Tribunal era que, a diferencia de las cortes de otros países donde los argumentos orales permiten intervenciones directas de expertos o sus representantes, nunca se invitaba a especialistas a opinar en vivo. Las opiniones se recibían por escrito (en forma de amicus curiae), pero rara vez se discutían públicamente o se incorporaban en las sentencias.

Aplaudo esta nueva apertura, pero no solo de “rating” vive una Corte. Hay otros problemas que siguen sin resolverse: ¿cómo se suplirá la desaparición de las Salas? La solución que se perfila radica en delegar buena parte de los asuntos pendientes a tribunales colegiados y juzgados de distrito. Aunque suena práctico, esta medida choca frontalmente con la lógica del sistema judicial. ¿Acaso veremos tribunales revisando sentencias de sus pares? ¿Se crearán órganos temporales para abatir el rezago (más de mil 300 expedientes, según el tablero oficial más reciente)? ¿Quién garantizará la uniformidad de criterios y la consistencia interpretativa a nivel nacional?

POST SCRIPTUM. Mucho se ha celebrado el origen indígena de Hugo Aguilar Ortiz. No es la primera vez que un oaxaqueño indígena preside la Corte. En 1857, Benito Juárez ocupó ese cargo antes de ascender a la Presidencia. Es un precedente interesante; en esta era de “cercanía con el pueblo”, una Corte mediática podría ser el trampolín perfecto para ambiciones mayores.

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