Érase una vez una ciudad sin juzgados, donde la única ley vigente era la del más fuerte. Una urbe donde a nadie parecía importarle que no existiera tribunal alguno ante quien acudir para resolver sus controversias. Esa ciudad, estimado lector, es en la que hemos estado viviendo desde el pasado 29 de mayo, fecha en que el Poder Judicial local cerró sus puertas indefinidamente.
Se trata de un capítulo más en el enfrentamiento entre Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), y el Sindicato Único de Trabajadores del propio Poder Judicial. No es un conflicto nuevo: el sindicato ha chocado con Guerra desde diciembre de 2021, poco después de su reelección. En aquel entonces, la causa fue el adeudo de salarios, vales de fin de año y aguinaldos a más de 8 mil trabajadores de base, lo que estuvo a punto de detonar un primer paro.
El 6 de diciembre de 2022, ese paro finalmente estalló cuando el Poder Judicial local incumplió con el pago de prestaciones en la fecha prometida. Algo similar ocurrió el 11 de septiembre de 2023, cuando los trabajadores iniciaron otra suspensión de labores tras rechazar un acuerdo salarial que consideraron injusto.
El episodio más reciente, y el más prolongado, comenzó el 29 de mayo de 2025, cuando la base laboral declaró un paro indefinido que persiste hasta hoy. Todo indica que se extenderá al menos hasta el inicio del periodo vacacional, el próximo 16 de julio, dejando a esta gran ciudad sin juzgados durante más de dos meses. Un hecho lamentable y sin precedentes.
A la par del conflicto laboral, el PJCDMX arrastra problemas estructurales que lo colocan en una crisis histórica. Bajo la administración de Rafael Guerra, se han adoptado medidas de austeridad y se han implementado reformas que ocasionaron una sobrecarga de trabajo. El caso más evidente es la transición al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que exige juicios orales. Para instrumentarlo, se extinguieron decenas de juzgados del sistema escrito, redistribuyendo sus expedientes entre los juzgados sobrevivientes. Hay que hacer el mismo trabajo, pero ahora con menos juzgados.
Por si fuera poco, hay que sumar la reciente elección judicial, que por primera vez sometió a voto popular los cargos de magistrados y jueces de primera instancia. Estos nuevos juzgadores deberán asumir funciones en septiembre, pero aún no se sabe con certeza en qué juzgados serán asignados. Lo único claro es que llegarán sin experiencia suficiente y se enfrentarán a un aparato judicial saturado, desorganizado y descontento.
La administración de Rafael Guerra Álvarez está cerca de concluir. En teoría, debe dejar el cargo a finales de este año. Una nueva reelección, dadas las circunstancias, se antoja imposible. Pero la verdadera pregunta es otra: ¿Debe dejar el cargo de inmediato? ¿Y si lo hace, contribuiría a resolver esta crisis que mantiene a la Ciudad de México, literalmente, sin justicia?