“Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada. Que no son, aunque sean. Que no hablan idiomas, sino dialectos…”
Eduardo Galeano
Durante décadas, las personas migrantes fueron vistas como una masa periférica, económicamente funcional —por las remesas— pero políticamente marginal. A ellas, se les negó el derecho a participar en las decisiones de un país que, paradójicamente, seguían sosteniendo desde fuera. Y a los municipios, primer receptor de esa movilidad humana, se les negó la posibilidad de responder con recursos, normatividad y reconocimiento real.
Esa doble negación ha producido un fenómeno que hoy ya no puede sostenerse: una migración que ocurre en lo local, pero se legisla desde lo federal, y unos gobiernos municipales que actúan sin facultades plenas, pero con la urgencia de lo cotidiano.
En México, más de doce millones de personas nacidas en el país viven en el extranjero. El 98% de ellas reside en Estados Unidos. La mayoría salió por motivos económicos o de violencia estructural, no por opción, sino por necesidad. Muchas siguen profundamente vinculadas con sus comunidades de origen, no solo por lazos afectivos, sino por una participación constante en la vida familiar, económica y —cada vez más— política de sus localidades.
Ese vínculo, sin embargo, ha sido históricamente desatendido. El Estado mexicano tardó décadas en garantizar el voto desde el extranjero. Aunque hoy existe el derecho formal, su ejercicio sigue plagado de obstáculos: registros complicados, plataformas poco accesibles, escasa difusión institucional y desconfianza hacia el proceso.
En este escenario, los municipios han sido los grandes olvidados. No figuran como actores políticos dentro del entramado electoral migrante, a pesar de ser quienes sostienen en el territorio el vínculo social, cultural y simbólico con la diáspora. Son ellos los que reciben a los retornados, a los hijos bilingües de las deportaciones, a las mujeres que regresan con historias de violencia. Son también quienes gestionan los efectos concretos de la migración: falta de identidad jurídica, acceso limitado a servicios, reintegración económica fallida.
Y, sin embargo, los municipios no cuentan con un marco robusto que les permita operar en estos temas más allá de la asistencia básica o el voluntarismo político. Actúan con presupuestos limitados, sin una legislación clara que les reconozca como parte del sistema migratorio nacional.
A pesar de estas limitaciones, han comenzado a surgir experiencias locales que desmienten la narrativa de impotencia. Algunos gobiernos municipales han creado direcciones especializadas para atender a personas migrantes, han instalado ventanillas únicas de atención, han generado vínculos con consulados y organizaciones internacionales, y han elaborado reglamentos locales para institucionalizar la respuesta.
Estas prácticas muestran que los municipios no solo pueden, sino deben jugar un papel activo en la gobernanza migratoria. No por ambición institucional, sino porque ahí —en lo local— es donde verdaderamente se disputan los derechos.
Los migrantes llegan a los municipios con la vida en pausa y los papeles en duda. Lo que encuentran —o no encuentran— en ese primer punto de contacto, condiciona todo lo que sigue: su inserción, su dignidad, su vínculo con el país que los vio partir.
Y así como los migrantes han pasado de ser invisibles a ser votantes, los municipios deben pasar de ser entes administrativos a ser actores políticos del derecho a migrar y del derecho a participar. La transición democrática no está completa si deja fuera a quienes se fueron. Ni si ignora a quienes los reciben.
Eduardo Galeano escribió sobre “los nadies”: aquellos que no cotizan, no aparecen, no son nombrados. En la política migratoria mexicana, los migrantes y los municipios han compartido ese estatus. Uno por cruzar fronteras; el otro por vivir demasiado cerca del problema como para ser escuchado desde la capital.
Pero esa invisibilidad está cambiando. Los municipios están demostrando que tienen una voz propia, una agenda posible y una legitimidad que nace del territorio. No pueden ni deben esperar a que el centro les autorice el derecho a cuidar.
Antes del fin
Los municipios son los que reciben, integran, atienden y protegen, entonces también deben ser reconocidos como parte activa del sistema nacional de atención, protección y participación política de las personas migrantes.
