La senadora Andrea Chávez es protagonista de uno de los ejemplos más escandalosos de promoción política en la historia reciente de nuestro país. Ella, en varias ocasiones, ha reconocido públicamente que busca la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua, cargo que se renovará hasta 2027. Teniendo derecho a disputar la candidatura de su partido, las preguntas son: ¿por qué adelantarse tanto tiempo? ¿Qué interés tiene un empresario para pagar una campaña de esa magnitud?
Este episodio no es nuevo. De manera destacada, lo vimos en 2023 cuando Morena y el Frente Amplio por México decidieron adelantar las precampañas para seleccionar candidaturas a la Presidencia de la República que fueron validadas por criterios de las autoridades electorales que inventaron que se trataba de procedimientos partidarios internos e inéditos. También se ha reproducido en múltiples mecanismos avalados por el Tribunal Electoral para que Morena promocione a sus candidaturas a las gubernaturas de varios estados y de otros cargos de elección popular.
La historia se repite, agigantada por el monto de la inversión que implica difundir a Andrea Chávez en unidades móviles de servicios de salud que incluyen el nombre e imágenes espectaculares de la legisladora que pretende beneficiarse de un resquicio de la ley y los obsoletos criterios jurisdiccionales que indican que, para determinar la existencia, o no, de actos anticipados de precampaña o campaña, deberá haber iniciado el proceso electoral y, como eso no ha ocurrido, lo más seguro es que, en el momento que se resuelvan las impugnaciones correspondientes, las magistraturas pro Morena dirán que no se configuran actos anticipados.
Los desplantes de Andrea Chávez al responder los cuestionamientos a sus hechos y la obstinación mostrada para continuar con su campaña constituyen la materialización de la máxima morenista de “a mí no me vengan con que la ley es la ley”, cuando es evidente que su campaña de promoción implica un ejercicio inequitativo frente a las candidaturas que se conocerán varios meses después. Otra vez: si esto fuera un maratón, cuando inicie el proceso electoral, la senadora estará en el kilómetro 20, muy lejos de sus contendientes, con una ventaja indebida e inaceptable en contiendas democráticas.
Si hoy en México se respetara el Estado de derecho, la fiscalía debería investigar con imparcialidad las motivaciones que tiene un empresario beneficiado con diversos contratos en el sector público, para financiar actividades que, más allá de su definición legal y de si implica o no el uso de recursos públicos, de facto constituyen actos anticipados de precampaña y campaña, que adelantan por varios meses la posible campaña electoral de Andrea Chávez por la gubernatura de su estado natal.
Siendo importante que la presidenta de la República haya dado un golpe de autoridad para frenar el activismo ilegal de la senadora, es un hecho que su gestión se limita a impulsar reglas al interior de su partido que, por cierto, en su momento no exigió para competir por la candidatura presidencial. Lo terrible es que sea la titular del Poder Ejecutivo quien, al calor de las disputas internas que ya acusa su movimiento, en este caso con Adán Augusto López, ponga orden en un tema que de manera oficiosa debería ser revisado por el INE y frenado por el Tribunal Electoral para garantizar el principio de equidad que regula nuestros procesos electorales.