He propuesto que pensemos en una meta clara en cuestiones fiscales: llevar a México a una recaudación de entre 32 y 35% del PIB. Es menos de lo que recauda Estados Unidos, o mucho menos que cualquier país europeo. Apenas estaríamos rondando lo que logran países como Brasil o Chile. Dicho de otro modo, es apenas un nivel mínimo.
La cifra la obtengo estableciendo metas en los rubros imprescindibles para la viabilidad del país: seguridad nacional e impartición de justicia, salud y educación. Se trata de los niveles que sabemos que funcionan en otros países.
México debe invertir el 4% del PIB en seguridad, justicia y defensa. Hoy, le dedicamos apenas un punto. En el caso de salud, la meta debe rondar 6% del PIB, frente a menos del 3% que dedicamos hoy. Algo similar habría que buscar en educación, que hoy supera por poco ese 3%, pero debe apuntar al 6% mencionado. Si consideramos que el resto de las actividades de administración suman otro 2%, estamos hablando de dedicar 18% del PIB a estos rubros. Hoy, el gasto programable total es de 20% del PIB.
Pero he dejado fuera tres renglones. Primero, pensiones y ayudas (reparto de efectivo, compra de votos), que superan 6 puntos del PIB. Segundo, energía, a lo que dedicamos cuatro puntos. Tercero, vivienda, en lo que gastamos un punto. En total, 11 puntos. El primer renglón, sin embargo, está creciendo. En parte por cuestiones demográficas, pero últimamente por cuestiones políticas. Los otros dos, la verdad, son un sinsentido. El gobierno no tiene por qué gastar en energía o vivienda, que es algo que puede ofrecer el sector privado. Podría el gobierno establecer programas para hacer accesible el financiamiento a la vivienda, pero es un tema distinto. Lo de energía nada más responde al mito revolucionario.
A los 18 puntos del PIB que deberíamos dedicar a lo importante (seguridad, educación, salud), podemos sumar los 6 puntos, crecientes, de pensiones, que alcanzarán pronto su máximo y de ahí empezarán a descender (también por tema demográfico y transición a Afores). Para una meta planteada al menos a 10 años, usemos ese seis por el momento.
A esos 24 puntos habrá que agregar el servicio de deuda y el dinero que va a entidades federativas, que suman casi ocho puntos. La meta, entonces, ronda 32 puntos del PIB. Hoy los ingresos del sector público apenas superan 22 puntos. Nos están faltando 10. Podemos obtener cuatro con impuesto predial (en una década), un par de puntos adicionales en ingresos petroleros, si la extracción de crudo la hacen privados, y no Pemex, que paga menos de la mitad que aquellos. El resto no es difícil de obtener vía impuestos. Es decir, es alcanzable.
Pero esta meta, mínima como es, implica una transformación relevante en nuestra imagen de México. Implica olvidarnos del papel energético del gobierno, detener el reparto de efectivo, obligar a los gobiernos locales a recaudar. Estas tres decisiones significan olvidarnos del régimen paternalista, centralista, cimentado en el mito petrolero. Es aceptar el fin definitivo del cardenismo, del Régimen de la Revolución: cerrar un ciclo de un siglo.
La meta significa concentrarnos en tener un país seguro, un servicio de salud serio, y un sistema educativo competitivo. Es decir, en lugar de ese régimen fracasado, imposible de revivir como lo ha mostrado este tercer intento, apostar por un país viable, concentrado en fortalecer a su población.
Estas metas “monetarias” son indispensables, pero no suficientes. No basta tener el dinero, hay que usarlo bien. En los tres rubros: seguridad, salud y educación, tenemos serios problemas de organización y capital humano. Sin enfrentarlos, más dinero significaría sólo más derroche. En los tres casos, me parece, ya tenemos experiencia de mejores prácticas, recuperables. Es decir, son metas alcanzables. Pero el diablo está en los detalles, que habrá que desmenuzar.