Esta columna ha insistido mucho en el inminente derrumbe del obradorismo, la ‘cuarta transformación’, o como se quiera llamar al grupo que se instaló en el poder hace ocho años. Como sus antecesores, ha resultado un gran fracaso. Así ocurrió con el cardenismo (1935-1946) y el echeverrismo (1970-1982), que duraron un par de sexenios. Desafortunadamente, ahora parece que no alcanzarán a cumplir esa cifra, y eso obligará a buscar soluciones extraordinarias.
En los tres casos, separados por tres décadas entre sí, lo que los ha derrotado no ha sido la oposición, sino la realidad. Económica, pero también política. En la primera ocasión hubo la posibilidad de buscar otro camino sin demasiada alharaca; en la segunda, eso ocurrió a través de una muy profunda crisis, que se llevó la mayor parte de un sexenio adicional. Ahora, no tengo idea de cómo ocurrirá. Pero hay que pensar ya en el camino de salida, y a eso quisiera dedicarme en los próximos días.
Como en los juegos de laberintos, en los que tiene uno que encontrar un camino desde el inicio hasta la meta, en muchas ocasiones resulta preferible empezar por el final, buscando el mejor tránsito. Creo que es lo que más nos puede ayudar ahora, especialmente porque no conocemos aún el punto de inicio.
Supongo que está claro que enfrentamos una situación crítica en las finanzas públicas, pero es precisamente ahí en donde debemos buscar la meta, el objetivo que nos permita pensar en la viabilidad de México. No para un año en particular, sino algo alcanzable en una década, que siente las bases de un país viable. México ha vivido medio siglo en muy malas condiciones fiscales. Desde 1965 era claro que no se recaudaba lo suficiente para cumplir los compromisos del gobierno, desde la seguridad nacional y la impartición de justicia hasta la provisión de bienes y servicios que sentaran las bases de un país más justo y competitivo, es decir, educación y salud.
Nada se hizo entonces, y vivimos crisis fiscales en 1976, 1982, 1986 y 1994, varias de ellas simultáneas con crisis de balanza de pagos. Estuvimos cerca de enfrentar algo similar en 2016, y el intento de evitarlo (el gasolinazo) abrió las puertas al regreso de López. Ahora estamos de nuevo en situación crítica, y sin forma de resolverlo.
La meta que creo posible, y deseable, es que la recaudación se ubique entre 32 y 35 puntos del PIB. Eso permitiría cumplir las funciones básicas del gobierno, que ya mencioné. Hoy hay muchos que creen que sería mejor tener un Estado más pequeño, y llegan a afirmar que cualquier impuesto es un robo. Eso no tiene sentido, pero está de moda. El detalle de cómo llego a esa cifra se lo plantearé el miércoles, porque ahora no da el espacio, pero adelanto algo.
Los ingresos actuales del gobierno rondan 22 puntos del PIB (un par más si se consideran las aportaciones al IMSS). Más del 80% de la recaudación la hace el gobierno federal, que luego reparte a estatales y municipales. En el gasto, dedicamos prácticamente lo mismo a energía que a educación, un absurdo. Lo primero puede quedar en manos del sector privado, liberando recursos para realmente invertir en capital humano. El mayor gasto, sin embargo, es el pago de pensiones, ahora incrementado con el reparto de efectivo para comprar votos. Ese tipo de errores hace imposible contar con finanzas sanas, pero también impiden la construcción de un país justo y competitivo.
Ya Emilio Tuero nos dijo que el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Esta propuesta de meta fiscal es apenas un elemento de lo que debemos imaginar, pero es un elemento indispensable. El detalle, los otros elementos, la ruta para alcanzarlos, serán tema de esta columna, tal vez por un buen rato.