Seguramente el lector memorioso podrá recordar que en 2018, antes de que tomara posesión de la presidencia de la República López Obrador, a pregunta expresa este respondió que no tenía previsto entre sus proyectos inmediatos presentar alguna iniciativa de reforma fiscal, sino hasta la segunda mitad de su sexenio.
Posteriormente, ya en el ejercicio del cargo, al menos en un par de ocasiones AMLO dio contestación similar cuando le fue formulada la misma pregunta. Es decir, sí, sí habría reforma fiscal obradorista, pero hacia los últimos tres años de ese gobierno.
Procede entonces preguntarse: ¿por qué no desde el inicio de esa administración federal poner a discusión y aprobar una reforma fiscal, sino hasta la segunda mitad de la misma? Responder a esta cuestión no ofrece mayor dificultad. Sencillamente porque López Obrador esperaba contar con mayoría calificada en la Cámara de Diputados para las enmiendas constitucionales que se requirieran; por eso dejó el proyecto para después de las elecciones federales intermedias de 2021.
Pero enorme fue la sorpresa de López Obrador y mayor su enojo, cuando al conocerse los resultados de los comicios de 2021 se dio cuenta de que su partido y aliados no solo no alcanzaron la amplia mayoría que pretendían en la integración de la nueva Legislatura, sino que el número de sus diputados incluso disminuyó. Fue entonces cuando se hizo necesario modificar el plan. Por lo pronto, posponerlo. Lo que sigue de este texto es a manera de hipótesis, que ya la realidad irá, o no, confirmando.
Así como en materia de justicia, que por desgracia se malogró, el país requiere también de una amplia reforma fiscal. Pero integral, es decir, no solamente del lado de los ingresos, sino también del gasto corriente gubernamental y de la inversión pública.
Porque obviamente no se trata solo de incrementar, por incrementar, los ingresos de las distintas fuentes contributivas o de imponer nuevas, sino de que aquéllas y éstas, si fuere el caso, sean las adecuadas, que no desincentiven y menos aún disminuyan o aniquilen la actividad económica o tengan efectos confiscatorios. Y por el lado del gasto gubernamental, optimizarlo; y en cuanto a la inversión pública, que esta se destine a proyectos viables y rentables, no a obras faraónicas y dispendiosas, verdaderos hoyos negros saturados de corrupción, útiles prácticamente solo para engañosos efectos propagandísticos.
El modelo económico de Morena y sus gobiernos es sencillo y bien conocido. Consiste básicamente en regatear el gasto de inversión verdaderamente productivo (en energía, comunicaciones, infraestructura e investigación) e impulsar el no rentable. De este último, ejemplos del sexenio anterior sobran; no tiene caso mencionarlos por ser de dominio público.
Y en materia de gasto social, que tanto presume el oficialismo, se estructura tal gasto en programas claramente populistas con propósitos de vulgar clientelismo electoral. No se diseñan con el ánimo de promover la dignidad y elevación humana de los beneficiarios, ni darles el trato de mascotas, ni se focalizan tales programas para mejorar sus niveles de educación, salud y seguridad. Se estructuran solo para tenerlos como votantes cautivos. ¿Habrá alguien que lo dude?
Cuando los resultados de las elecciones federales de 2021 no dieron el suficiente número de diputados para llevar a cabo una reforma fiscal conforme a la línea del obradorato, se rediseñó entonces el plan y se modificaron sus tiempos. Había que esperar a los comicios del 2024 para alcanzar en ambas Cámaras la mayoría calificada, de ser preciso por métodos gangsteriles, como fue el caso del Senado. Y llevar a cabo, de manera intensa, una labor permanente de desprestigio y aniquilación de las instituciones y órganos constitucionales autónomos de vigilancia y control (INAI, IFT, Coneval, Cofece, INE, Poder Judicial), hasta lograr su aniquilación y realizar así la total concentración del poder.
Los programas clientelares, tal como están diseñados, terminarán por colapsar las finanzas públicas de la Federación. Pronto, cuando el régimen termine por capturar al INE, empezará a vender la idea de una necesaria reforma fiscal. Como las fuentes tradicionales (impuestos sobre la renta, al valor agregado y sobre producción y servicios) ya no aguantan más, no les queda otra que irse de manera agresiva, como fuentes de imposición, sobre el patrimonio y las herencias. Es el siguiente paso.