Hace tiempo que el mundo lleva experimentando una revolución tecnológica de amplio espectro. Sus consecuencias serán de todo tipo: económicas, sociológicas, políticas y culturales.
Gobiernos, empresas, así como el proverbial hombre de la calle no sólo deberán ajustarse a ella, sino también ayudar a conducirla hacia un término benéfico para todos.
Los gobernantes de las naciones del mundo tienen una responsabilidad especial en todo esto, pues las Leyes que tendrán que aprobar, discutir y gestionar definirán el contexto en que las nuevas tecnologías operarán en beneficio de la humanidad.
En México se está discutiendo en la Cámara de Diputados, una iniciativa de Ley General de Derechos Digitales presentada por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, pensada en establecer el marco legal para afrontar los desafíos del nuevo mundo de tecnologías como la inteligencia artificial, que están destinadas a transformar la forma en que vivimos.
La propuesta reconoce los derechos digitales como una extensión de los derechos humanos tal y como se han concebido tanto por los organismos multilaterales en la materia, así como dentro de la tradición constitucional de corte liberal.
Se pretende garantizar es el acceso igualitario, asequible y seguro al Internet, así como a otras tecnologías digitales. De la misma manera, se busca que la Ley establezca un marco de protección a derechos tales como la privacidad, la protección de datos personales, la identidad digital y el que se refiere al olvido. Este último se refiere al efecto negativo que pudiera tener el hecho de que se tome en cuenta, en procedimientos jurídicos contra una persona, indiscreciones que se cometieron de joven y que han quedado registradas en redes sociales y en el Internet.
Por supuesto que la Ley que resulte de la iniciativa parlamentaria en cuestión no deberá de infringir en ningún caso la libertad de expresión, que es el fundamento de todas las otras libertades.
Hay otras cuestiones novedosas que deben dirimirse y legislarse, como por ejemplo, qué hay que hacer con la llamada herencia digital, que comprende los activos digitales que una persona deja al fallecer. También es necesario asegurar que los sistemas de inteligencia artificial no perpetúen ni amplifiquen discriminaciones existentes por sesgos algorítmicos. La Ley debe sentar las bases de lo que se conoce como desconexión digital laboral, que se refiere al derecho de los trabajadores a no ser contactados a través de medios digitales por su empleador o compañeros, en forma indiscriminada fuera de su horario laboral.
Por supuesto que todas estas regulaciones tienen que realizarse de manera ética y responsable y bajo principios de transparencia y rendición de cuentas. Para esto la Ley tendría que obligar al Estado a implementar una Estrategia Nacional Digital con objetivos, presupuesto progresivo y mecanismos de evaluación.
En este sentido, sería pertinente que se suscriba una Carta de Derechos Digitales de México, emitida por el Ejecutivo y con el aval de un mecanismo como una Conferencia Nacional de Derechos Digitales.
La Ley, finalmente, tendría que establecer obligaciones claras para proveedores de servicios digitales, incluyendo a los que se refieren a la neutralidad de la red, la protección de menores y mecanismos de transparencia.
Hay que decir que la redacción final de la ley que resulte de la discusión parlamentaria, no debe generar un modelo centralista, sino más bien uno en el que se definan competencias para la Federación, los Estados y los Municipios, promoviendo ciertamente su colaboración efectiva.
De cómo una Ley como esta logre establecer un marco legal pertinente para la sociedad del conocimiento, dependerá en mucho el futuro del país.
