La adopción por parte de nuestros gobiernos de tecnologías digitales con el fin de facilitarle la vida a los ciudadanos es, indudablemente, no sólo una buena idea, sino una necesidad.
Se pensaría, entonces, que la iniciativa de Ley para Eliminar Trámites Burocráticos presentada por el Ejecutivo para su discusión y posible aprobación por el Congreso de la Unión tendría que ser un paso en la dirección correcta.
Lamentablemente, y después de haber analizado su contenido, no es posible evitar llegar a la conclusión de que dicha Ley es dañina para el interés ciudadano, por una serie de razones.
En primer lugar, la Ley es claramente centralista y, por lo tanto, se aleja del espíritu del pacto federal, una de las piedras angulares de nuestra República. En efecto, de acuerdo con el modelo que se pone a consideración sería el gobierno federal quien concentraría las decisiones, obligando a los Estados y Municipios a obedecer sus directrices, sin tomar en cuenta la variedad de problemáticas de cada región.
En segundo lugar, el artículo 24 de la citada Ley abre la puerta a la discrecionalidad del gobierno para modificar arbitrariamente requisitos para trámites, saltándose directivas previamente pactadas. Con esto se podría poner en riesgo bienes públicos de gran importancia como la seguridad nacional, el resguardo del medio ambiente o el cuidado de la salud, en beneficio de intereses particulares.
En tercer lugar, la Ley no prevé el análisis del impacto para la sociedad de futuras reglas o normas, con lo cual se pueden llegar a situaciones que perjudiquen a los ciudadanos en su bienestar.
En cuarto lugar, se propone desaparecer organismos de participación ciudadana en la toma de decisiones en materia regulatoria, como, por ejemplo, el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria o los Consejos Estatales de Mejora Regulatoria. Estos cuerpos colegiados han contado con la participación plural del gobierno, cámaras empresariales, sociedad civil y academia.
En quinto lugar, existen serias dudas de que el modelo tecnológico propuesto pueda ser exitoso, pues existe evidencia sólida de que ha fallado en su aplicación en otras latitudes.
La vulnerabilidad de un modelo centralista es claro: un ataque cibernético podría hacer colapsar toda la red. Por ejemplo, una sola falla en la Llave MX podría arruinar a todos los sistemas públicos. Esto ya sucedió en Costa Rica e incluso el Banco Mundial alertó esa vez sobre los riesgos de concentrar todo en un sólo sistema gubernamental.
En el mismo sentido, es un despropósito que el Estado se quiera convertir en el único proveedor de software. La innovación tiene más posibilidades de ocurrir en un modelo descentralizado y diverso. Lo saben en Argentina, cuyas plataformas quedaron rápidamente obsoletas por falta de innovación, derivada de la concentración de la toma de decisiones.
En sexto lugar, quedan inciertos los incentivos para una colaboración público-privada, sobre todo las que apuntan al futuro y en las que jóvenes desarrolladores de start-ups pueden contribuir de manera fundamental. En lugar de seguir la tendencia global exitosa de cooperación entre gobiernos y empresas, el modelo propuesto parece alejarse de ella.
Finalmente, hay que decir que - en algo que ya está siendo un hábito anti-democrático - el gobierno ha pretendido que la Ley se apruebe sin verdadera discusión ni por parte de los congresistas, ni mucho menos por parte de la sociedad en general.
En conclusión, la Ley propuesta es autoritaria, centralista, inhibe la innovación y su contenido no está abierto a discusión. De cualquier manera, La sociedad tiene a su alcance formas de impugnación a las que podrá recurrir, de ser necesario. Así debe ser.
