De todas las declaraciones que han vertido diversos funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, incluido, desde luego, el mandatario norteamericano, en torno al combate a los grupos delictivos clasificados como narcoterroristas, quizás la más contundente, directa y demoledora sea la advertencia pronunciada por el director de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA), el día que Ismael El Mayo Zambada fue sentenciado a terminar sus días en prisión.
En su alocución, Terrance Cole se refirió explícitamente a una “peligrosa conexión” entre el crimen organizado y el gobierno de nuestro país, así como a la determinación de su gobierno de ir tras todos aquellos que de alguna manera colaboren en el tráfico de drogas letales, ya sean los propios traficantes o funcionarios corruptos, enfatizando que esto, en referencia a la sentencia de Zambada, “sólo es el comienzo”.
El Gobierno de México ha desestimado las declaraciones del funcionario norteamericano, señalando, como en otras ocasiones, la colaboración y los resultados públicos y verificables en el combate a las organizaciones criminales; sin embargo, esta posición va dirigida sólo al consumo interno y poco o nulo efecto parece tener en la postura de las agencias al norte del Río Bravo.
El interés del gobierno de los Estados Unidos es manifiesto y terminante. Los constantes señalamientos públicos sobre la corrupción en la esfera política y sus vínculos con la criminalidad han pasado del rumor a la exigencia formal, que se ha topado con una férrea negativa por parte del gobierno de México a ser atendida, incentivando la desconfianza del vecino del norte y, evidentemente, tensando, día con día, la relación bilateral, en este y otros temas de carácter estratégico.
Mientras la relación entre los dos países se sitúa fundamentalmente en el tema de seguridad y combate a las bandas criminales, condimentada por la negativa de detener a un grupo de políticos sinaloenses con fines de extradición, en el ambiente doméstico se incorporan a la agenda pública asuntos que atraen la atención y se presentan como temas de gran relevancia que obligan a centrar la mirada fuera del foco bilateral, pero que en la práctica vienen a enrarecer aún más el panorama y el ambiente de incertidumbre; tal es el caso de la detención del panista Ruffo Appel acusado de huachicol fiscal y la controvertida pretensión de expedir lineamientos generales para la protección de las audiencias.
Hasta el momento, nada parece indicar que la posición de México respecto a las exigencias norteamericanas vaya a cambiar, dadas las repercusiones que pueden suponerse para algunos personajes relevantes, pero eso, por su propia naturaleza, sólo estira más la liga. Es cuestión de tiempo y apenas el principio.
Aclaro que todo lo expuesto es sólo la opinión de quien esto escribe.