Sucedió lo que se temía, un evento anunciado pública y reiteradamente en voz de la propia víctima, cuya tenacidad rayaba en la temeridad al enfrentar de manera decidida y abierta a los grupos criminales que mantienen sumergida en el terror a la sociedad de Uruapan.
El asesinato del alcalde Carlos Manzo ha trascendido lo local y ha desatado la indignación social expresada en una serie de movilizaciones con reclamos de justicia que hacen eco a nivel estatal y nacional exhibiendo, de manera significativa, la responsabilidad de esos órdenes de gobierno por el desdén con que fueron atendidas las reiteradas peticiones de apoyo y las públicas denuncias del gobernante municipal.
El impacto mediático del crimen fue inmediato y no ha dejado de tener repercusión en el ambiente político, más aún que otros espeluznantes homicidios cometidos en contra de personajes públicos en diversas regiones del país que, a pesar de lo trágico, no han producido reacciones sociales tan expresivas como las que se suceden en este caso.
Un hecho que resulta destacable tras el homicidio del alcalde es la inmediata reacción del gobierno de los Estados Unidos a través del subsecretario de Estado, lamentando el fallecimiento y reiterando la disposición de su país para cooperar con México en materia de seguridad y combatir el crimen organizado, destacando la importancia de tomar acciones rápidas para esclarecer el crimen que no debe quedar impune.
La sutileza del ofrecimiento no debe tomarse a la ligera; el cordial mensaje al gobierno mexicano lleva implícita la reiteración de la percepción del vecino del norte sobre la vulnerabilidad institucional de nuestro país frente a las bandas criminales, que ha sido señalada en repetidas ocasiones desde los más altos niveles del gobierno norteamericano.
Como era de esperarse, el ofrecimiento de Washington ha sido amablemente declinado por el gobierno mexicano, atendiendo a la política de colaboración soberana, pero de cualquier manera que se le interprete, el mensaje sigue ahí, destacando la trascendencia que el trágico evento de Uruapan tiene también fuera de nuestras fronteras.
El clamor que se ha generado entre la sociedad michoacana en demanda de justicia y acción gubernamental se suma a las demandas de gremios diversos como transportistas y agricultores en diversas entidades, cuyas exigencias se entrecruzan y van desde los precios de garantía hasta temas de extorsión e inseguridad en las comunidades, motivando airados reclamos colectivos mediante bloqueos de vías de comunicación y marchas multitudinarias sintomáticas de un evidente malestar social que se extiende inexorable y no presagia nada bueno para el futuro inmediato.
El desdén y la desatención cotidiana de asuntos aparentemente dispersos puede conducir a la generación de una masa crítica de gran explosividad social.