El cariñoso mensaje del gobernador de Puebla al Grupo Proyecta, pidiéndole amablemente y con todo respeto que le regalen dos hectáreas de tierra para la construcción de viviendas que eventualmente serían destinadas al personal de seguridad pública y personas vulnerables de esa entidad, contiene de origen un tufo extorsivo, un cobro de piso, enmascarado de beneficio social.
La amable petición del Ejecutivo poblano va acompañada de la nada sutil amenaza de expropiación del doble de terreno, es decir, cuatro hectáreas, en caso de que el grupo empresarial se niegue a la donación, aduciendo causas de utilidad pública y justificando su pretensión con un argumento de justicia social hacia los guardianes del orden por su dedicada y riesgosa misión de cuidar a los poblanos.
La argumentación del mandatario estatal, como es ya costumbre y guion en el movimiento transformador, se asume congruente con el discurso emanado desde Palacio Nacional, en el sentido de restaurar y corregir abusos del pasado por parte del poder político y económico en contra del pueblo bueno, metiéndose en un berenjenal discursivo que nada justifica y, por el contrario, refuerza la percepción de que, sin pudor alguno, la maquinaria del segundo piso está dispuesta a valerse de todo tipo de herramientas para lograr sus objetivos transformadores.
El asunto se ha llevado, en principio, por la vía mediática, pero, desde luego, en caso de continuar con su empeño, terminará en los tribunales y llevará tiempo. Quizás la estrategia del gobierno de Puebla esté centrada en la elección de jueces que ya está en puerta y prepara el pleito judicial que, dada la inédita y peculiar manera en que serán nombrados los nuevos juzgadores, podría operar en su favor.
Las razones aducidas por el gobernador de Puebla, al pretender la cesión de terrenos en zonas exclusivas que, según su propio dicho, se cotizan en dólares, dejan una puerta abierta a la especulación sobre las verdaderas intenciones que subyacen a la exigencia del gobernante, por tratarse de espacios de alta plusvalía, en los que, se advierte, serían desarrolladas viviendas de interés social.
Lo preocupante del tema no radica en las dos o cuatro hectáreas de tierra que exige el gobierno local a Proyecta, sino la imagen que se exhibe ante inversionistas nacionales y extranjeros de la fragilidad que puede tener el entramado legal frente a los usos del poder y el impacto negativo en la certeza jurídica, lo que se adiciona a otras decisiones de gobierno, tales como la propia elección del Poder Judicial, la disposición de los recursos del Infonavit o el traslado de los fideicomisos del Poder Judicial a la Secretaría de Hacienda, que no dejan de recibir severas críticas de propios y extraños.
Lo que se pone en juego con este tipo de escándalos domésticos no es menor y trasciende nuestras fronteras.