A un mes de la elección presidencial, el tema central que sigue angustiando a electores, grupos empresariales, fondos de inversión y analistas políticos y económicos, gira en torno a la transformación del régimen político mexicano en un nuevo modelo autoritario similar al ruso o al húngaro, o más bien a una reedición del nacionalismo revolucionario del siglo XXI. Pero más allá de esta preocupación de mediano plazo, el problema inmediato radica en la continuidad de la estabilidad financiera y el mantenimiento de una economía abierta que permita el crecimiento económico, principalmente en aquellas zonas atoradas históricamente en el atraso y la miseria.
Y es que por más intentos de reconciliación entre López Obrador y empresarios de distintos signo dentro del sector privado del país, quienes buscan evitar represalias en caso de que el tabasqueño asuma la presidencia de la República, la falta de confianza se mantiene debido a que las cada vez más constantes aclaraciones y precisiones con respecto al programa económico de AMLO, chocan con una contradicción irresoluble: la ausencia de recursos suficientes provenientes de fuentes comprobables de ingreso para financiar aquellos proyectos que suponen una viabilidad cuestionada, como es el tema de las refinerías o el aeropuerto de Santa Lucía.
El compromiso de no elevar impuestos y suponer que el combate a la corrupción le proporcionará 500 mil millones de pesos, no convence a inversionistas nacionales y extranjeros acerca de la posibilidad real de hacer compatible una economía no deficitaria con un esquema que no eleve impuestos o genere un mayor endeudamiento que el que ya se maneja en este momento. Por ahora, los grandes operadores de fondos esperan el resultado electoral, pero también clarificaciones con respecto a cómo coordinar un plan de crecimiento del gasto público sin afectar el equilibrio de las variables macroeconómicas. Una respuesta no convincente podría generar una corrida contra el peso mexicano y la necesaria intervención del Banco de México con medidas excepcionales para intentar contenerla.
Los comunicados públicos de empresas como Vasconia o Herdez, alertando sobre el peligro de una crisis, anunciando restricciones en la inversión y advirtiendo a sus trabajadores de ser cautelosos con su patrimonio, son un claro mensaje no sólo para consumo interno, sino que expresan la estrategia clara de los dueños del capital para demandar certeza jurídica y económica del puntero en las encuestas y su equipo económico. Hay que recordar que el periodo de cinco meses entre el día de la elección y la toma de posesión, es lo suficientemente largo como para generar movimientos especulativos de largo alcance y situaciones que, si no se manejan con prudencia y eficiencia financiera, pueden generar el descarrilamiento de la economía en unos cuantos días.
Mayor precisión, números más confiables y concretos, y una interlocución con todos los sectores de la iniciativa privada, son fundamentales para alejar el temor que hoy existe sobre una posible debacle de la economía nacional. No es guerra sucia, ni confrontación per se, se trata de no regresar a modelos que por su inviabilidad presupuestaria generaron desequilibrios inmanejables, más allá de los deseos de los propios gobernantes. La ambición política y el querer cambiar de tajo ciertas cosas pueden generar en poco tiempo la percepción de que el país ha dejado de ser una opción seria para el crecimiento y el desarrollo. Suponer que lo que se dice en campaña no necesariamente se lleva a la práctica, es una apuesta de fe en una persona o alternativa política, lo que no muchos están dispuestos a asumir como riesgo. Se requiere claridad y certeza. Nada más.
