Normalmente habría que esperar a la integración del Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales para tener una idea más acabada del programa económico de la administración; sin embargo, dado el activismo del periodo de transición y el gran esfuerzo para reorientar el Presupuesto en el primer año de gobierno, vale la pena analizar las líneas estratégicas que se derivan del Paquete Económico presentado y autorizado para el 2019.
De una presentación bien estructurada de Abel Hibert en el periodo de transición derivo que la misión en materia económica de esta administración podría resumirse como: elevar el crecimiento potencial del país, manteniendo (en el documento dice recuperando) la estabilidad económica y asegurando que el crecimiento sea armónico entre regiones, sectores y ciudadanos, todo lo anterior enmarcado en el respeto al Estado de derecho y la recuperación de la seguridad física.
Para cumplir con esta misión se plantean tres ejes principales: política macroeconómica, política industrial y de tecnología, y política sectorial.
En la parte macroeconómica, además del respeto a la autonomía del Banco de México, se plantea no elevar (al menos en la primera parte del gobierno) las tasas de impuestos ni crear nuevos impuestos, lo cual se está cumpliendo; mantener el nivel de deuda como porcentaje del PIB a niveles financiables y alcanzar un superávit primario de 1 por ciento del PIB, lo cual también se cumple en el Paquete Económico aprobado por el Congreso; y reasignar el Presupuesto para bajar el gasto corriente operativo y elevar la inversión, lo que me parece que se queda corto, dada la rigidez del Presupuesto.
Pretender hacer una reasignación del gasto público es sin duda sano, ya que es ahí donde se expresan, en buena parte, las prioridades de una administración. Todos los presidentes buscan acomodar sus prioridades en el Presupuesto, pero lo que estamos viviendo es quizá el esfuerzo más importante que hemos visto para reorientar el gasto público. No solo hubo despidos masivos y reducción de salarios a los servidores públicos, cierre total de instituciones como ProMéxico o el Consejo de Promoción Turística, sino que muchas dependencias tendrán que operar con reducciones de más de 20 por ciento de su presupuesto.
No obstante, y a pesar de los costos que esto representa en términos personales (para los servidores públicos despedidos) e institucionales, como ya lo advirtió José Ángel Gurría hace unos días, los resultados de la carátula (como se dice en la jerga el sector público) no muestran cambios significativos.
De acuerdo con el documento de Criterios de Política Económica, los gastos en servicios personales pasaron de 5.2 por ciento a 5.0 por ciento del PIB entre 2018 y 2019, el gasto en inversión física quedo igual que el año pasado, 2.7 por ciento del PIB, que ya era un mínimo histórico; y el gasto corriente estructural se quedó igual como porcentaje del PIB que en 2018, 9.2 por ciento.
El rubro donde se refleja con mayor claridad la magnitud del esfuerzo es en el de servicios personales, que tiene una reducción de 17 mil 500 millones de pesos respecto al cierre de 2018; y aún así se queda muy corto de lo que propusieron en campaña y que significaba un ahorro de 56 mil 130 millones de pesos.
Por otro lado, del gasto programable del sector público por clasificación funcional es posible inferir los cambios en la estructura del gasto y por tanto sus prioridades. En la del presidente Fox, por ejemplo, crece de manera importante la proporción del gasto en funciones de desarrollo social, particularmente salud, vivienda y asistencia social. Con el presidente Calderón la participación que más se incrementa es la relacionada con el gasto en funciones de desarrollo económico, especialmente el rubro que tiene que ver con energía y combustibles; seguridad y justicia es otro rubro en el que se revelan prioridades de esa administración de acuerdo al gasto ejercido. En el sexenio del presidente Peña Nieto, de acuerdo a los datos preliminares presentados en el documento de Criterios, se observan cambios importantes en el rubro de asistencia social y en menor medida en el rubro de comunicaciones y transportes, y seguridad nacional. No es difícil anticipar que los rubros que marcarán las prioridades en la administración actual estarán en primer lugar en el capítulo de desarrollo social, particularmente en el concepto de asistencia social; energía seguramente destacará en la parte del desarrollo económico; y también es de esperar un crecimiento en el rubro de seguridad nacional con la creación de la Guardia Nacional. Pero tampoco esperemos grandes cambios en la carátula, dada la rigidez del Presupuesto.
Independientemente de que la reasignación realizada en el presupuesto no se refleje en los datos agregados, a pesar del tamaño del esfuerzo, sí tiene importantes implicaciones para el programa económico de esta administración, que analizaremos en el artículo de la semana entrante.