A pocas semanas de empezar la discusión del Presupuesto 2020 ya empiezan a aflorar las preocupaciones de los legisladores que tienen bajo su responsabilidad la aprobación del Presupuesto.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, fue franco en una reunión reciente con alcaldes del país: 'tenemos un problema de cierta gravedad en los ingresos de todas las haciendas de nuestro país". De acuerdo a las reseñas periodísticas, el diputado Ramírez Cuéllar señalo que no se iban a alcanzar los ingresos proyectados para 2019, que se tendría que hacer uso de los fondos de estabilización de los ingresos petroleros, que las preocupaciones podrían extenderse a 2020 y que se debería abrir el debate de los impuestos a la propiedad y al uso de vehículos.
El diputado Mario Delgado, por su parte, planteó la posibilidad de relajar la disciplina fiscal prometida al inicio de la administración del presidente López Obrador, proponiendo que para 2020 se tenga un superávit primario de 0.5 por ciento en vez del 1.0 por ciento presupuestado para este año.
La preocupación de los legisladores se suma a lo manifestado por la Secretaría de Hacienda en el informe de las finanzas públicas, en el sentido de que los ingresos presupuestarios del sector público en el primer semestre del año fueron inferiores en 68 mil 430 millones de pesos a lo previsto en el programa.
¿Qué es lo que está pasando? Que se materializaron varios de los riesgos que anticipó la SHCP en los Criterios Generales de Política Económica para 2019, aunque seguramente nunca imaginaron que serían causados por los pecados originales de la propia administración de la que forman parte: tomar decisiones de política pública sin el suficiente sustento, como lo señaló Carlos Urzúa en su carta de renuncia, y no canalizar la inversión pública a los proyectos de mayor rentabilidad económica y social.
En el documento de Criterios se anticipaban varios riesgos macroeconómicos de corto plazo para las finanzas públicas. El primero se refería a un menor dinamismo de la economía, que podría afectar las finanzas públicas en 14 mil 632 millones de pesos por cada medio punto porcentual de crecimiento económico. La base del Presupuesto era un crecimiento del PIB de 2 por ciento y resultó de 0.2 por ciento (una décima parte) en el periodo enero-junio.
Otro riesgo que se anticipaba tenia que ver con el petróleo. Por cada 50 mbd de extracción de crudo podrían obtenerse o dejarse de captar 19 mil 440 millones de pesos. La base del Presupuesto era una producción de 1,847 mbd, y el promedio enero-junio fue de 1,678.6, es decir, 168.4 mbd menos de producción de petróleo.
Los otros tres riesgos de corto plazo tenían que ver con los mercados: el precio del petróleo, el tipo de cambio y la tasa de interés. Por cada dólar adicional en el precio del petróleo se obtendrían 9,368.3 millones de pesos. Hasta ahora el mercado ha sido favorable con un precio promedio de 56.7 dólares por barril hasta el mes de junio, sobre una base presupuestal de 55 dpb.
La situación favorable del precio del petróleo se compensa, en parte, por la apreciación que ha tenido nuestra moneda. En el documento de Criterios se estimaba que una apreciación de 10 centavos en el tipo de cambio promedio disminuía los ingresos en 2,807.7 millones de pesos. El tipo de cambio promedio en el periodo enero-junio (19.4 pesos por dólar) ha estado abajo de los 20 pesos contemplados en el Presupuesto.
Un riesgo adicional que podría afectar las finanzas públicas estaba dado por el efecto de un cambio en la tasa de interés sobre el servicio de la deuda. Por un cambio de 100 puntos base de la tasa de interés, se podrían obtener 33,504.4 millones de pesos. La tasa de Cetes a 28 días que se esperaba en el Presupuesto (8.3 por ciento en promedio), no está muy alejada de la situación actual (8.0 por ciento hasta el mes de junio).
En síntesis, el efecto de los últimos tres factores no parece ser tan relevante para explicar el problema que tenemos en finanzas públicas y, al final, son circunstancias de los mercados en las que poco puede influir el gobierno, pero en los dos primeros factores, la caída en la tasa de crecimiento del PIB y la disminución en la producción de petróleo, la administración pública federal tiene claramente una responsabilidad por la forma en la que se están tomando las decisiones.
Hacen bien en preocuparse los legisladores de Morena, pero sus propuestas estarán mal enfocadas si no toman en cuenta que la situación se ha agravado por tomar decisiones de política pública sin el suficiente sustento y no canalizar la inversión pública a los proyectos de mayor rentabilidad económica y social.