Esta semana regreso a un tema polémico en el que he insistido durante ya casi diez años. Me refiero a las capturas de capos y las consecuencias que tienen. El tema regresó a la agenda pública hace algunos días, después de que Alfonso Durazo, quien será secretario de Seguridad en el gobierno de AMLO, afirmara que "no se continuará con la captura de los llamados objetivos prioritarios".
Desde 2006, el arresto de los criminales más vistosos ha sido un pilar dentro de la estrategia de combate al crimen organizado del gobierno federal. Felipe Calderón fue el principal promotor de esta estrategia con su célebre lista de los 37 capos más buscados. Si tomamos como referencia que en su gobierno fueron capturados o abatidos 25 de estos 37 personajes, podríamos concluir que Calderón triunfó. El problema es que durante su administración fueron asesinadas 121 mil personas, el doble que en el sexenio de Vicente Fox. Las organizaciones criminales, lejos de retraerse ante la captura de sus principales líderes, comenzaron un proceso de expansión y de diversificación de sus actividades.
Los defensores de la estrategia de Calderón insisten en que la ola de violencia y de inseguridad que sacudió al país no se debió a las capturas. Sin embargo, hay análisis estadísticos que sugieren que sí hay un vínculo causal entre la política de detenciones y el incremento de la violencia (por ejemplo, el que yo publiqué en la revista Nexos en 2011 y el que investigadores de Stanford publicaron en 2015 en el Journal of Conflict Resolution).
Sin embargo, el tema no es sólo si las capturas de capos generan violencia. Quienes consideran que el gobierno debe seguir enfocándose en los "blancos prioritarios" suelen subrayar que perseguir a los responsables de las peores atrocidades, por todos los medios posibles, es un imperativo ético irrenunciable. Ciertamente el Estado no puede ni debe renunciar a la posibilidad de arrestar a ningún criminal peligroso. La pregunta relevante es si los recursos técnicos y humanos más valiosos de las dependencias de seguridad se deben destinar a la persecución de un puñado de individuos.
Hasta donde tengo conocimiento, nadie se ha dado a la tarea de estimar el costo real y el riesgo que implica realizar una captura de alto perfil. Sin embargo, estas capturas parecen consumir una parte significativa de los recursos de las unidades mejor capacitadas de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal y de algunas corporaciones estatales. La recaptura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue posible gracias al trabajo de inteligencia y de búsqueda (por tierra y por helicóptero) que unidades completas realizaron durante meses en zonas serranas de Durango y Sinaloa. Mientras tanto, cientos de criminales de alta peligrosidad, pero que están un nivel abajo en sus organizaciones y no alcanzan a ser noticia, son liberados todos los meses porque no se cumplieron con las más elementales formalidades para su captura o para la integración de sus expedientes.
Debemos reconocer también que los operativos para capturar a los delincuentes más famosos funcionan como una distracción. Son golpes mediáticos que hacen ver bien por algunos minutos a las autoridades, pero que dejan prácticamente intacta la estructura de las organizaciones criminales. Los mandos militares y policiales saben que lograr una captura importante –del tipo que se anuncia en conferencia de prensa– es la mejor forma de hacer méritos, sin importar mucho lo que pase después. Por lo tanto, no hay incentivos para esperar y concretar la captura en un momento idóneo (por ejemplo, una vez que se tenga información suficiente sobre el liderazgo o facción que buscará reemplazar al capo capturado). Las capturas se hacen de forma precipitada y las consecuencias toman por sorpresa a las autoridades.
En conclusión, me parece sano que las autoridades terminen con la obsesión de las grandes capturas. Por supuesto, falta por definir cuál será la nueva estrategia a seguir para combatir a las grandes organizaciones criminales. Al respecto, no me parece que la solución sea "perseguir el dinero". En ningún país del mundo, incluyendo economías con niveles de formalidad mucho más altos que el de México, la inteligencia financiera ha sido una solución contundente (la inteligencia financiera sirve acaso como una barda de contención, útil para evitar que las organizaciones criminales crezcan de forma desmedida e inviertan en ciertos sectores de la economía).
De hecho, es poco probable que haya una gran solución a los múltiples desafíos que supone hoy el crimen organizado en México. Primero es necesario tipificar y acotar el desafío del que se trate (por tipo de giro delictivo y por región) y luego definir estrategias parciales. En algunos casos, la captura de un líder puede ser clave, en muchos otros habrá otros factores más relevantes. También es necesario dejar de concebir al crimen organizado como un fenómeno finito (dejar de pensar, por ejemplo, que el problema son 37 o 122 personas). Por más capos que se capturen, por más cuentas de banco que se congelen, siempre habrá nuevos líderes y dinero fresco de los mercados ilegales. No importa cuántos capos metamos a la cárcel, lo que importa es cómo se comportan los que siguen en la calle.