A raíz del escándalo por el concierto de Los Alegres del Barranco se ha hablado mucho de narcocultura. Sin duda resulta perturbadora la apología de la figura de El Mencho, más en el contexto de las investigaciones sobre el hallazgo reciente en Teuchitlán, y más en un recinto como el Auditorio Telmex de Zapopan, con capacidad para 11 mil personas. Pero el problema va más allá de la apología del delito.
No es sólo que los narcos nos maravillen con sus vidas de riesgo y lujo, y que ocupen un lugar destacado en nuestro imaginario. Son personajes atractivos para la creación de contenido, pero también son clientazos. Inspiran canciones, pero también contratan conciertos privados y patrocinan eventos públicos. Los Alegres del Barranco ya no pueden viajar a Estados Unidos. No son los primeros ni a los que peor les fue. Muchas otras figuras de la música regional han sido señaladas, o formalmente designados, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por colaborar con el crimen organizado.
Por supuesto, la influencia de los capos no se limita al folklore típicamente narco. No es sólo un asunto de corridos, peleas de gallos y armas con joyería incrustada. El problema es que para decenas de miles de mexicanos, los líderes de las organizaciones criminales son los patrones, los benefactores o los clientes consentidos.
Desde que empezó a circular la idea de que el Departamento de Estado designara al CJNG y al Cártel de Sinaloa como organizaciones terroristas, hubo una oposición férrea del gobierno mexicano. No tengo registro de que el gobierno español haya reaccionado de esa misma manera cuando el Departamento de Estado designó a ETA, ni que los colombianos vieran con malos ojos la designación de las FARC o de las autodefensas. De hecho, cuando las FARC –ya muy disminuidas– fueron removidas del listado en 2021, el entonces presidente Iván Duque declaró: “Hubiéramos preferido otra decisión”.
En contraste, AMLO siempre se mostró reacio ante el ‘intervencionismo’ que en su opinión iba aparejado a una eventual designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Este rechazo no era un mero gesto patriotero, ni se explicaba sólo por la aparente ‘relación especial’ de López Obrador con el Cártel de Sinaloa. El ‘narco’ no es un asunto marginal en México: tiene una dimensión masiva y pública, muy enraizada en nuestra cultura popular, lo mismo que en nuestra economía y en la política. En el corto plazo, las designaciones son un riesgo real para la estabilidad.
En México el dinero del crimen organizado circula de forma más o menos libre, sin que nadie haga demasiadas preguntas, pero también sin ocultarse demasiado. Es mucho dinero. Una revisión del listado de ‘nacionales especialmente designados’ de la OFAC ilustra algunos de los sectores en los que el crimen organizado ha optado por invertir: gasolineras, transporte y construcción son algunos de los giros más socorridos, aunque hay de todo.
Durante la pandemia, la profundidad del vínculo económico entre la delincuencia organizada y la población quedó al desnudo con los repartos de despensas por parte de El Señor de los Gallos, El Señor Vaquero 46 y La Familia Michoacana. En aquel entonces, el gobierno de AMLO no pareció muy alarmado por el descaro de las campañas de beneficencia criminal, ni por la intervención de los criminales en varias de las elecciones locales que se celebraron en los siguientes años.
Los Alegres del Barranco no supieron leer que esos tiempos ya pasaron. Por un lado, Claudia Sheinbaum ha mostrado estar menos preocupada que su antecesor por herir la susceptibilidad de las cúpulas criminales. La entrega en fast track de 29 capos que se hizo en febrero da cuenta de ello. Por otro lado, con la designación de los cárteles como organizaciones terroristas, y en general con el ánimo agresivo de la Casa Blanca, hay menos margen para hacerse de la vista gorda.
Por décadas, los mexicanos hemos tenido una relación ambivalente con los cárteles. Lamentamos la violencia, pero al mismo tiempo tenemos en claro que el narco cumple una función en la sociedad y en la economía que, mal que bien, hay que tolerar. En los próximos meses aumentarán las presiones para cambiar este status quo. Hace unos días ya fueron sancionadas cinco empresas señaladas por lavar dinero del Cártel de Sinaloa. Nadie sabe por dónde exactamente seguirán las sanciones.
Los departamentos de Justicia y del Tesoro podrían buscar más casos con un peso simbólico, de famosos que hagan apología del delito, o de particulares que colaboren con los criminales que en el pasado agredieron a agentes o ciudadanos norteamericanos. Pero también podrían irse, como ha sido el caso en otros países, contra empresas que le paguen a los cárteles por simple necesidad, para comprar el derecho a trabajar en paz. En la política, en la cultura y sobre todo en el ámbito empresarial, tendremos que aprender a ser más cautelosos y menos complacientes con los grupos criminales.
