Sería una estupidez que las autoridades de Estados Unidos lanzaran unilateralmente, durante las próximas semanas o meses, un ataque armado en algún punto del territorio mexicano, presuntamente controlado por alguna mafia criminal. Este rumor de ‘probable ataque’ lleva flotando varios días en los medios de comunicación de ambos países, alimentado por declaraciones de altos funcionarios estadounidenses, pero ha tomado más vuelo con la reciente presencia de aviones y buques estadounidenses en el mar de Cortés, los cuales están recolectando, al parecer, inteligencia diversa en las dos Baja California, Sinaloa y Sonora.
En entrevista con Joaquín López-Dóriga, el experimentado periodista Gregorio Meraz declaró la semana pasada que “todo parece indicar que el gobierno de EU está afinando los detalles para un ataque sorpresa contra los cárteles mexicanos”. Meraz indicó que “de acuerdo a fuentes de inteligencia en Washington”, el lunes 3 de febrero, autoridades estadounidenses ordenaron el desplazamiento de un portaviones, un destructor con misiles guiados para ataques de precisión y un avión de reconocimiento aéreo (el cual habría sobrevolado en varias ocasiones el espacio aéreo mexicano para obtener señales de inteligencia de residencias, casas de seguridad, arsenales y bodegas de los cárteles) hacia el golfo de California.
Francamente, yo no veo por ninguna parte los resortes para que un ataque de esta naturaleza ocurra en el corto plazo. Durante sus primeros meses, el nuevo gobierno de México ha realizado un esfuerzo notable en materia de combate al crimen, decomiso de drogas y contención migratoria. Además, todo indica que la restauración e impulso de la cooperación entre México y Estados Unidos es algo que podría suceder velozmente a lo largo de este año. A pesar del constante desgaste que experimentó la relación bilateral durante la gestión de AMLO, el profesionalismo, la energía y la buena disposición que ha exhibido el nuevo equipo de seguridad le permitirá seguramente remontar la situación actual y hacerse pronto de la confianza de sus contrapartes estadounidenses.
Por otra parte, las consecuencias de un ataque sorpresa de Estados Unidos a algún grupo criminal en nuestro territorio tendrían consecuencias nocivas a gran escala, por su fuerte efecto disruptivo en las relaciones entre ambas naciones. En tal escenario es fácilmente previsible una inmediata y profunda ruptura política de México con su vecino del norte, así como un distanciamiento inédito en la arena de la seguridad e inteligencia. En la esfera económico-comercial, el impacto quizá sería más diluido en el corto plazo, con la generación de una alta incertidumbre en el mediano y largo plazos. Habría que agregar, además, que si en el hipotético ataque murieran mexicanos —fuesen estos militares, policías, civiles o supuestos criminales—, los daños en la relación se incrementarían exponencialmente.
La reacción a un ataque de este tipo sería el repudio a Estados Unidos por parte de los principales liderazgos políticos y sociales del país, además de una reactivación masiva de un sentimiento antigringo en la opinión pública. Los actores políticos le reclamarían a Estados Unidos su rechazo a construir una relación, en el ámbito de la seguridad, basada en el diálogo, el respeto, la convergencia de intereses y la cooperación conjunta.
La agresión a la soberanía de México sería además explotada al máximo aquí por los sectores más conservadores y nacionalistas de México, así como por ‘ultras’ que se alojan en algunos entes gubernamentales o que ocupan asientos en el comité del partido oficial, para ‘demostrar’ que hay razones de seguridad nacional, no solo para disminuir drásticamente la cooperación en seguridad con Estados Unidos y descartar posibles acuerdos de cooperación futura, sino también para desarticular o cancelar otros esquemas de cooperación vigentes (tales como el T-MEC). México, entonces, entraría en una fase de búsqueda intensiva de nuevos aliados en el ámbito internacional, y enarbolaría una retórica oficial abiertamente antiyanqui y una ideología izquierdista más acentuada.
En resumidas cuentas, quienes más ganarían con una intervención anticrimen foránea serían, paradójicamente, los propios criminales, quienes aprovecharían las disputas y el distanciamiento de ambos gobiernos para avanzar en sus planes de expansión de negocios y búsqueda de socios en los gobiernos locales. Y, probablemente, la radicalización de posturas que experimentaría internamente el gobierno quizás exacerbe los ánimos autoritarios y de concentración de poder. Todo esto con el apoyo de una opinión pública enardecida por las acciones abusivas e intervencionistas de una potencia extranjera sobre México.
De modo que ese ataque externo sería un error costosísimo que podría tener un impacto desastroso para las aspiraciones de un México más seguro, estable, libre y próspero. Que Estados Unidos no se equivoque y escoja la vía del diálogo y la cooperación con México para combatir a un poderosísimo enemigo común. Solo podremos vencerlo juntos. Aparentes atajos son fantasías peligrosas.