Más allá de que considero que la elección por voto directo de juzgadores no va a resolver el grave problema de impartición de justicia en nuestro país, sino que al contrario lo va a agravar, es muy preocupante que esta elección marque precedentes para otras como las previstas en 2027 y 2030.
Durante décadas se construyó en nuestro país una institucionalidad para dotar de credibilidad y legitimidad a los procesos electivos. Veníamos de un largo periodo en el que los resultados de las elecciones eran previsibles en virtud de la preponderancia de un partido hegemónico y una oposición prácticamente inexistente.
Pero eso que en su momento Mario Vargas Llosa denominó irónicamente la “dictadura perfecta” encontró sus límites en 1976, cuando sólo hubo un candidato a la Presidencia de la República, corroborándose con esto el escepticismo ciudadano ante procesos electorales cuyo resultado era más que previsible.
La frontera se encontró cuando el antes omnipresente sistema que incluía a todos los sectores y tenía para todos empezó a vaciarse y amplios grupos empezaron a manifestarse fuera de los círculos oficiales; se había abusado y el régimen perdía credibilidad. Uno de los principales remedios a tal amenaza a la gobernabilidad fue el de abrir el sistema de participación política, con ello el registro de nuevos partidos y además la construcción de instituciones que garantizaran una competencia equitativa y con respeto a las reglas del juego preestablecidas.
Pues todo eso que llevó décadas y que condujo a un verdadero sistema de competencia que se tradujo en una alternancia real en todos los niveles de gobierno y de representación se ha desmontado en los últimos seis años y estamos ante los indicios de que incluso las propias reglas y su aplicación sean letra muerta, para volver a la “dictadura perfecta”, a la simulación democrática. No porque se monten urnas y se convoque a elecciones se puede hablar de democracia.
El proceso para elegir miembros del Poder Judicial es el ejemplo más claro de lo que nos puede esperar. Analicémoslo a la luz de lo que se denomina integridad electoral, es decir, un conjunto de indicadores a partir de los cuales se puede calificar la calidad democrática de los procesos electivos.
La primera regla tiene que ver con que en las democracias existe certeza en las reglas e incertidumbre sobre los resultados. Ahora estamos frente a todo lo contrario, las reglas no están claras, de manera tal que se siguen construyendo durante el proceso y el resultado es previsible: una muy baja participación y que quienes resulten electos seguramente surgirán de listas emanadas del bloque gobernante.
Otra variable fundamental a considerar es lo que se denomina el voto informado, es decir, que la ciudadanía acude a las urnas conociendo qué cargos públicos están a su consideración, qué funciones y atribuciones tienen quienes los ocuparán y quiénes son aquellas personas que se postulan y cuál es su oferta.
A estas alturas es difícil entender, incluso para personas informadas, la estructura de los poderes judiciales federal y locales, es decir, cómo están integrados y cuáles son los cargos que estarán sujetos a escrutinio, y más complejo aún describir las tareas que desempeñarán.
Si bien habrá quien argumente que eso se resolverá durante las campañas y que estas apenas iniciaron ayer, es realmente complicado sostenerlo cuando durante 60 días (en algunos casos serán menos) lo que veremos serán a 3 mil 422 personas promoviéndose para ocupar alguno de los 881 puestos federales o a otros miles que harán lo propio en 19 entidades de la República en las que también se elegirán juzgadores locales.
Sin embargo, es insostenible afirmar que la enorme mayoría hará campaña cuando con lo que cuentan es realmente con restricciones para mostrarse frente a sus electores. Aunque, como ya lo hemos visto, hay quienes iniciaron de tiempo atrás su promoción personal, rompiendo las reglas de equidad.
Por otra parte, el INE es el único actor que puede promover la elección ante la ciudadanía; eso implica explicar su organización, el cómo votar y la relevancia de la misma para propiciar el interés y la participación. No obstante, para ello solo contará con 24 minutos diarios en radio y televisión, es decir, con la mitad de los habituales en procesos electorales.
Así que lejos estamos de pensar que quienes acudan a ejercer su voto lo harán con conocimiento respecto de qué se vota, por quiénes y para qué. Muy probablemente los que lo hagan llevarán una lista bajo la manga que les indique el color de la papeleta electoral y los números de candidaturas a anotar en los recuadros correspondientes, y en algunos casos tendrán que llenar hasta 13 boletas durante hasta 12 minutos encerrados en una mampara, como lo ha reconocido la propia autoridad electoral.
Además de un voto NO informado, con esta elección se está atentando contra uno de los preceptos fundamentales que se impulsaron durante las múltiples reformas electorales, la ciudadanización de los procesos electivos, es decir, que fuera la ciudadanía sorteada quien recibiera y contara los votos de sus vecinos. Ahora iremos a una elección en la que los ciudadanos sólo recibirán los votos, no los contarán, pero además las boletas que no se usen no serán invalidadas en la propia casilla, abriéndose con eso la sospecha de que éstas podrían ser utilizadas posteriormente sin que haya mediado la voluntad del elector.
Mucho más que señalar sobre la carencia de integridad y certeza en la elección judicial; en siguientes entregas me referiré a otras cuestiones y sobre todo a los antidemocráticos precedentes que todo esto puede significar para las elecciones de los próximos años.