No en pocas ocasiones se criticó a quienes seguíamos hablando de transición democrática en México, aduciendo que la democracia se había instalado y la recurrencia de elecciones libres y auténticas y la alternancia, así lo evidenciaban, lamentablemente, lo que hoy sucede nos da la razón.
Para eso nos dio, para vivir una transición que no se cerró en una institucionalidad democrática. Escasos treinta años y parece que ya estamos de vuelta, pero ahora a un populismo autoritario (disculpen el pleonasmo) agravado. Al menos durante el priismo la lealtad al líder era sexenal…
El viernes pasado el Consejo General del INE en votación 7 a 4 puso un clavo más al ataúd y todo indica que la Sala Superior del TEPJF lo remachará esta semana.
En el INE tres días atrás escuchamos de una parte datos, argumentos, lecturas sistemáticas, integrales, históricas, incluso gramaticales de las normas y de la otra se expresaron descalificaciones, el uso demagógico de los resultados electorales y hasta amenazas de juicio político. ¡Sí! La advertencia de que se hará uso del poder del Estado, de la mayoría en el Legislativo para juzgar a quienes no piensen y procedan como lo demanda la coalición gobernante. ¿Para eso se quiere también una mayoría que a todas luces no emanó de las urnas? ¿Para perseguir, intimidar y eliminar a quien piensa distinto?
Durante semanas se debatió respecto de la integración del Congreso de la Unión, por cierto, deliberación abierta por el mismo presidente de la República cuando al día siguiente de las elecciones a través de su secretaria de Gobernación y futura dirigente de Morena, anunció la conformación de las Cámaras que quería.
El debate se remontó a los orígenes de las reformas políticas, a la aspiración de construir un sistema político incluyente que considerara la diversidad y riqueza de nuestro país. Se le recordó al propio López Obrador que siendo oposición suscribió esas demandas, ahora parecería que se sumó a las mismas por una consideración pragmática de acceder al poder más que por convicción.
Mucho se habló y escribió respecto a la sobre y subrepresentación y si las coaliciones deberían o no equipararse a un partido político para hacer la justa distribución de escaños en correspondencia a los votos depositados el 2 de junio. Adicionalmente, la consejera Claudia Zavala hizo un último esfuerzo y propuso considerar una base de cálculo distinta a fin de que el resultado de la integración de la Cámara de Diputados se acercara al sentido de la votación emitida y no como ahora en donde el PVEM pasa a ser la segunda fuerza política cuando obtuvo el cuarto lugar de los votos.
Todo fue inútil, frente a la ambición y el cortoplacismo no hay razones que valgan, la propuesta de la consejera Zavala alcanzó solo para que sus colegas Martín Faz, Dania Ravel y Jaime Rivera se sumaran. De cualquier manera queda consignado que, a pesar de las amenazas y presiones, hay voces que se hicieron escuchar y hoy aportan consideraciones que las magistraturas del TEPJF tendrán que considerar antes de resolver en definitiva y que merecen no ser desestimadas sin más.
Volvamos al principio, hasta aquí parecería un incidente más entre “políticos”, algunos de los cuales buscan una dieta y otros hacerse de un Legislativo “más cómodo” para gobernar. Lo anterior, de por sí grave, es menor si se considera lo que ya se anunció, la aprobación el próximo mes, es decir en unos días, de un conjunto de reformas constitucionales y legales que vendrán a cambiar la conformación del Estado mexicano y a restringir derechos.
No exagero, el llamado Plan C, va desde la prohibición de “vapeadores” y el maltrato animal, hasta la reforma al Poder Judicial, la desaparición de instituciones autónomas y una reforma político-electoral que en principio desconocería a cerca del 40% de la ciudadanía que no votó por la coalición gobernante y que quedaría sin representación, sin voz, en el Congreso de la Unión.
Detengámonos solo por ahora en lo que tiene que ver con el Poder Judicial para dimensionar lo antes dicho. Mucho se ha dicho sobre las consecuencias que traería consigo la elección directa de jueces, magistrados y ministros, ya que una iniciativa de esa naturaleza pone en riesgo la independencia de quienes integran esa institución y desconoce la necesaria especialización, experiencia y trayectoria que supone el delicado ejercicio de esa tarea.
Se trata de una iniciativa que busca arrastrar consigo la “popularidad” del candidato al Ejecutivo y/o diputados y senadores para elegir juzgadores con el fin de homogeneizar todas las instancias del Estado borrando el necesario equilibrio de poderes que evita la concentración del mismo y que lleva al ejercicio autoritario, como está demostrado a lo largo de nuestra historia y de la humanidad.
Pero además, la iniciativa desconoce la naturaleza y funciones del Poder Judicial y busca equipararlo al de los otros poderes, cuando justo su tarea y responsabilidad reside en el respeto al pacto social plasmado en la Constitución y desde ahí procura que los otros dos poderes se conduzcan de acuerdo al mismo y la ciudadanía tenga defensa ante un abuso del poder. Esa sola consideración aleja a esos funcionarios públicos del resto, no son pares, son nones, es decir pueden emitir resoluciones sobre el proceder de los otros que conforman el Estado y para ello requieren de la distancia debida, su compromiso es con la norma, no con los actores, de ahí venimos.
Por todo esto y lo que puede traer consigo es que están en riesgo los derechos y libertades de la ciudadanía. Las amenazas vertidas el viernes pasado en el Consejo General del INE pueden ser solo una muestra de los excesos a los que puede llegar la concentración del poder.
POSDATA: En días pasados también se aprobó el dictamen según el cual el mando de la Guardia Nacional pasa al Ejército. Esa no es su misión. Con el respeto que las Fuerzas Armadas merecen, esta decisión las desnaturaliza.