La educación pública —en todos sus niveles— genera valor social, pero la educación superior posee un vínculo poderoso en la formación de capacidades de desarrollo, lo que se traduce en una mejora de calidad de vida de la población.
Sin embargo, en nuestro país, la educación superior enfrenta desafíos asociados al financiamiento, particularmente en algunas universidades estatales, donde no reciben las aportaciones que les corresponde pagar a sus gobiernos. Son los menos.
Las instituciones de educación superior son receptivas de las propuestas que emanan de la sociedad. Deben vincularse formalmente con otras instituciones del Estado que les permitan: mejorar su capacidad técnica; fortalecer sus planes y programas de estudio; contar con mecanismos para el ejercicio eficaz y transparente de los recursos públicos.
Estos mecanismos son revisados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y reciben capacitación cuando así lo necesitan.
Este caso de la sinergia entre educación superior y fiscalización es un ejemplo del valor generado en el modelo de la Nueva Auditoría en la ASF, que iniciamos en esta gestión.
El cual está centrado en la utilidad pública de la fiscalización, la prevención y la generación de valor permanentemente. La ASF emprende relaciones interinstitucionales con las universidades públicas.
A propósito, la ASF acaba de firmar un Convenio de Colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
Esta vinculación asegura la transparencia en el uso de recursos públicos, y también cataliza la mejora en la ciencia, la tecnología y las capacidades productivas del país.
A propósito de los retos que representa la inversión en educación superior en un país como el nuestro, el Informe sobre Educación Superior en América Latina 2024, publicado por la UNESCO, destaca que hemos logrado la expansión de la matrícula universitaria.
Dicho avance posiciona a México como un actor relevante en lo relacionado con el desempeño de las instituciones de educación superior y permite dilucidar el valor de la formación profesional frente a los retos nacionales.
La vinculación entre la entidad de fiscalización superior y las universidades públicas ha evolucionado significativamente. Desde 2012, las mismas son auditadas cada año por la ASF, lo que ha marcado un hito en la rendición de cuentas.
A partir de 2021, se aplican auditorías integrales que abarcan recursos ordinarios y programas extraordinarios. Promoviendo una asignación más transparente de recursos hacia la investigación y la innovación.
Hoy contamos con prestigiosas universidades de excelencia; entre ellas, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y muchas otras de notable calidad en los estados.
Esta colaboración eleva la calidad educativa y vincula directamente la educación superior con el desarrollo nacional, al impulsar proyectos de ciencia y tecnología que potencian las capacidades productivas.
En este sentido, la sinergia entre fiscalización y educación superior es un elemento necesario para las universidades mexicanas.
La ASF lidera esfuerzos —a partir de la buena voluntad de la ANUIES y las universidades— para implementar auditorías integrales y relaciones institucionales que generan valor público, reduciendo la probabilidad de irregularidades.
En última instancia, la integración de la fiscalización en la educación superior —al tiempo que fortalece la rendición de cuentas— ayuda a fortalecer universidades con mejores capacidades, más eficiencia y mayor confianza por parte de la sociedad.