La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue la primera constitución social del mundo y ha mantenido, en sus diferentes reformas, su carácter progresista, a pesar de etapas de desnacionalización. También ha destacado en el constitucionalismo global por la estructura de la administración pública federal que establece.
La estructura paraestatal parte de la necesidad de que el Estado cuente con una organización interna suficiente para cubrir necesidades estratégicas de desarrollo.
Estas se encuentran relacionadas con el fomento al desarrollo económico y social del país. Además, la administración pública paraestatal tiene una naturaleza legal y un proceso de decisiones diferente, ya que participa en actividades económicas clave que están relacionadas con el crecimiento y la estabilidad económica. Por ejemplo, en el sector energético y en los sectores sociales.
En el caso del sector energético —aunque con algunas reformas legislativas—, el cambio hacia la figura jurídica de empresas productivas del Estado y, después, el retorno a la figura de empresas paraestatales ha sido central para la economía nacional y configura el rol de la figura del Estado en la dirección, administración y actuar estratégico en el sector.
En el rubro de la energía que se genera, transporta o transmite, distribuye y comercializa en México, los procesos de fiscalización preventiva y participativa adquieren un doble valor. Esto es, la participación ciudadana en los programas sociales, así como el enfoque preventivo asumido desde el inicio de mi gestión en la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En nuestras visitas a las reuniones de capacitación en estados y municipios, partimos de la base de que la misma es básica. No siempre se trata —como dicen algunos sectores conservadores— cuando hay alguna falla de corrupción; es más la falta de capacitación.
Por ejemplo, un sector debilitado presupuestariamente es el de las universidades estatales, ya que algunos estados no pagan correctamente sus aportaciones a las mismas; por supuesto, la parte federal sí se paga correctamente y en tiempo.
Por otra parte, el proceso de fiscalización redunda en la mejora de la gestión de las entidades paraestatales que están estrictamente relacionadas con la generación de insumos estratégicos para el desarrollo (ya sea infraestructura crítica o energía).
El segundo elemento de valor es que la fiscalización con enfoque preventivo en las entidades paraestatales permite garantizar que los recursos públicos federales sean invertidos adecuadamente y a partir de razonamientos y principios como la eficiencia, transparencia, oportunidad y economía.
Debido al valor y carácter estratégico de las tareas que desarrollan las entidades paraestatales, los gobiernos estatales, los municipales y los programas sociales, resulta importante que su trabajo responda a esquemas de rendición de cuentas.
Por ello, las reuniones de trabajo entre dichas instituciones federales, estatales y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tienen un sentido estratégico y preventivo, en tanto fortalecen la coordinación institucional. Contribuye al crecimiento económico y a la seguridad estratégica.
La vinculación de entes públicos, como el caso de las empresas estatales y los programas sociales, tiene repercusión en el crecimiento económico y la seguridad nacional.
La ASF, institución del Estado encargada de la fiscalización de los recursos públicos federales, revisa los avances en la capacitación de cada sector fiscalizable, con el propósito de evitar actos de corrupción por desconocimiento y optimizar la gestión de los recursos públicos.