Los problemas públicos son analizados desde la economía y las ciencias sociales como un sistema. Sucede así porque, tanto en las causas como en las soluciones, participan una gran cantidad de actores e instituciones que, ya sea por decisión u obligación formal, realizan funciones que inciden en la puesta en marcha de acciones de gobierno.
Es decir, en las sociedades contemporáneas se presentan sistemas en los que participan diferentes organizaciones, intereses públicos y actores, lo que concibe a la relación con dependencias federales, sociales, los estados y municipios, así como organizaciones de la sociedad civil, que ejercen recursos de origen federal.
Las relaciones intergubernamentales, es decir, las relaciones formales entre los diferentes órdenes de gobierno —sobre todo en estados federados—, como la relación interinstitucional entre instituciones públicas y privadas, son fundamentales.
Ahora mismo, en una etapa en la que distintos actores de la vida pública participan de los procesos productivos y de la generación de valor público, como es el caso de los agentes económicos, entendidos como el conjunto de particulares y empresas que participan en la vida pública, como sería el caso de las organizaciones privadas. Es necesario que los espacios de comunicación, control y colaboración sean formales y logren esquemas de cooperación.
Bajo esta realidad de la vida pública, recientemente firmamos un convenio de colaboración entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El objetivo central es establecer una ruta formal de colaboración mutua, en el ámbito de nuestras atribuciones.
El propósito es establecer bases, mecanismos y acciones que permitan desarrollar actividades conjuntas y difundir temas de interés común para el fortalecimiento de la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. Esto se hará en función del fortalecimiento del enfoque preventivo emprendido para la fiscalización.
El valor de este instrumento de colaboración radica en la posibilidad de que la vinculación entre el sector privado y el público provoque efectos positivos. Resulta relevante, dado que la colaboración es estratégica: buscamos fortalecer la rendición de cuentas, impulsar la fiscalización con enfoque preventivo y combatir la corrupción desde la lógica de la reducción de la probabilidad de ocurrencia.
Como lo mencioné en una colaboración previa, el enfoque preventivo de la Nueva Auditoría ha permitido figurar la idea de que la fiscalización superior no debe concebirse únicamente como un mecanismo de sanción, sino como una herramienta para prevenir, mejorar y generar confianza mediante la rendición de cuentas de los recursos públicos federales.
Por eso, en este caso, la participación del sector privado se alinea con el objetivo principal de crear una entidad de fiscalización superior que se comunica, previene, capacita y promueve prácticas transparentes.
La colaboración entre la ASF y el CCE generará acciones orientadas a fortalecer el Estado de derecho y promover la cultura de la legalidad. Para eso, la capacitación y la apuesta por la formulación de políticas de cumplimiento —en el caso del sector privado— mediante la organización conjunta de talleres, cursos, seminarios y eventos institucionales, entre otros.
El enfoque preventivo y la necesidad de un sistema que incluya a varios actores son útiles para mejorar el trabajo de las organizaciones públicas. Esto ayuda a anticipar situaciones y a considerar otros aspectos que optimicen el valor y los beneficios que tanto el sector privado como el público aportan a la sociedad. La dinámica receptiva que ha asumido la ASF es resultado de la disposición y reconocimiento de otros actores como el CCE, de su trabajo y sus resultados.